Vivienda

Hasta el 15 de enero para solicitar las ayudas al alquiler con importantes novedades

Los más de 14.200 beneficiarios de las ayudas de la Junta del pasado año pueden pedir la renovación presentando sólo los recibos bancarios

El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones visita unas viviendas rehabilitadas para alquiler social en León junto a junto a la alcaldesa de Villagatón-Brañuela, Carolina López, y la diputada Ester Muñoz,
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones visita unas viviendas rehabilitadas para alquiler social en León junto a junto a la alcaldesa de Villagatón-Brañuela, Carolina López, y la diputada Ester Muñoz,César Sánchez/IcalAgencia ICAL

Este viernes se ha abierto el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de viviendas de 2023, que se prolongará hasta el 15 de enero próximo. La convocatoria cuenta con 19,7 millones de presupuesto, ampliable en otros catorce, según avanza la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

Como novedad, se simplifica y facilita la tramitación y renovación a los que recibieron las de 2022, que se abonaron hace tan solo unas semanas. Si bien, el principal cambio es que los que resultaron beneficiarios en la anterior convocatoria (14.277) deberán aportar un nuevo modelo denominado Renovación y no tendrán que presentar nada más salvo los recibos bancarios de 2023 (y un anexo si conviven personas mayores de 14 años), según informan fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En el caso de que haya cambios en algún dato con respecto a la pasada edición, tendrán que enviar un nuevo anexo denominado variación de datos y que se ha incluido en el modelo de renovación.

En cuanto a los que no resultaron beneficiarios por cualquiera de los motivos establecidos en la convocatoria pasada y para los que no hayan presentado solicitud en 2022 se reserva el modelo de solicitud habitual. El plazo, que comienza el próximo viernes, se cierra el 15 de enero de 2024, cuando comenzará la revisión de los expedientes para su resolución en los siguientes meses, si bien el periodo establecido en la convocatoria para hacerlo son seis meses.

La Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones contempla un presupuesto de 19,72 millones para la convocatoria de 2023, de los que 630.045 euros se reservan para las solicitudes de personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. No obstante, este departamento contempla la posibilidad de incrementar la cuantía total en otros 14 millones, lo que no requerirá una nueva convocatoria, pero dependerá de la declaración de disponibilidad del crédito. Con ello, el importe total ascendería a 33,72 millones, lo que supone 4,36 millones más que en 2022.

De nuevo, estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso a sectores de la población con recursos económicos limitados. Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad, que sean titulares de un contrato de alquiler, de cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.

Además, en cuanto a renta, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (23.725,80 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros). El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.

En la convocatoria de 2022, se incluyó por primera vez el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, siempre que su importe no supere los 150 euros si se ubica en un municipio del medio rural y 200 euros en el resto.

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, acompañada del delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha firmado los protocolos de incorporación al programa ‘Rehabitare’ de varios municipios palentinos
La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, acompañada del delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha firmado los protocolos de incorporación al programa ‘Rehabitare’ de varios municipios palentinosJcylLa Razón

Rehabitare

Por otro lado, cabe señalar que la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, acompañada del delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha firmado este viernes los protocolos de incorporación al programa ‘Rehabitare’ de varios municipios de la provincia de Palencia.

En concreto, de Hérmedes de Cerrato, Abia de las Torres, San Cebrián de Mudá, Cascón de la Nava (Villaumbrales), Paredes de Nava, Villaherreros y Sotobañado y Priorato), lo que supondrá una inversión de cerca de 630.000 euros (90.000 euros por cada municipio. Tras ello, visitaba las viviendas pertenecientes al programa ‘Rehabitare’ de La Serna, en Palencia, en las que las Junta ha invertido 104.000 euros.

El programa 'Rehabitare' tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler social de la Comunidad y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. Su finalidad prioritaria es atender las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección, particularmente de los jóvenes. Es una forma de mejorar el patrimonio inmobiliario de los pueblos y generar actividad económica en el medio rural.

Peor, sobre todo, sirve para recuperar edificios que puedan ser destinados al alquiler social, de manera que se consigue optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles valiosos patrimonialmente, revitalizar los espacios tradicionales del entramado urbano municipal y, sobre todo, fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de las viviendas rehabilitadas, en régimen de alquiler social, en favor de los citados colectivos de especial protección, con preferencia para los jóvenes de menos de 36 años.

También se configura como un instrumento de reactivación económica y de creación de empleo en el medio rural, gracias a la implicación de las empresas locales en las obras de rehabilitación que se acometan a su amparo.