La Junta abonará casi 30 millones en ayudas al alquiler de 2022, 12,5 más que un año antes

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio abonará 29,35 millones de euros de subvenciones al alquiler de la convocatoria de 2022, lo que significa 12,5 millones más que la previsión inicial que contemplaba el Plan de Vivienda, una medida que se enmarca, señaló el titular del departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el “compromiso” del Gobierno regional “de otorgar las ayudas a todos aquellos que cumplían los requisitos y los justifican”.

“Somos la única autonomía no foral que conceden ayudas al alquiler de forma universal”, decía el consejero, en declaraciones recogidas por Ical, mientras avanzaba que la resolución se publicará mañana en el Bocyl por séptimo año consecutivo.

Igualmente, Suárez-Quiñones defendía que “ha sido un año complejo” por la convocatoria también del Bono Joven, pero aseguraba que los 14.277 beneficiarios que han resultado de esta ayuda cobrarán antes de “mediados de noviembre”.

De hecho, hoy mismo el Bocyl publica una ampliación de crédito, que se suma a otra anterior de 1,2 millones de euros. De esta cifra, 3.216 se han concedido en Valladolid (7,2 millones), 2.738 en León (5,2 millones), 2.075 en Salamanca (4,4), 1.856 en Burgos (cuatro millones), 1.094 en Ávila (1,9 millones), 957 en Segovia (1,9), 948 en Palencia (1,8 millones), 895 en Zamora (1,6) y 498 en Soria (944.680 euros).

En total, se aceptaron casi seis de cada diez solicitudes recibidas, que ascendieron a 24.721, una cifra que fue un 14,65 por ciento más que en 2021, cuando se presentaron 21.562. Esta cifra, además, creció en todas las provincias al albur del “factor atracción” del que presumía Suárez-Quiñones, en unas ayudas que “facilitan la tramitación al ciudadano” y reduce “trabas burocráticas”.

Entre las mejoras, se destina para mayores de edad, con residencia habitual y permanente en Castilla y León, y con ingresos de hasta tres veces el IPREM, que se eleva hasta cuatro para familias numerosas y víctimas del terrorismo, y hasta cinco para personas con discapacidad igual o más del 33 por ciento.

La renta que se paga en la vivienda, para optar a la ayuda, cuenta con un límite de entre 375 y 500 euros, que se amplía hasta 450 de mínimo y 550 de máximo, para Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Segovia, y que alcanza los 800 euros para familias numerosas, personas con discapacidad del 33 por ciento o más, y familias con vulnerabilidad sobrevenida.

También, por primera vez, se incluye el alquiler en habitación, con mínimo de 150 y máximo de 200 euros. Se trata de mejoras, añadió, que se encuentran contempladas en la convocatoria de 2023, presentadas hace unos días.

En cuanto a la cuantía, se incrementan la subvención del 40 al 50 por ciento de la renta, si bien para jóvenes menores de 36 años sube hasta el 60 por ciento; y si es en el medio rural, hasta el 75 por ciento, porcentaje igual del que se benefician las personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

Compatibilizar con Bono Joven

Por otro lado, Juan Carlos Suárez-Quiñones exponía que otra de las novedades es la compatibilización de estas ayudas con el Bono Alquiler Joven, cuya gestión trasladó el Gobierno central a las comunidades autónomas. Así, existe hasta un 40 por ciento de la diferencia entre lo recibido por el Bono y el importe de la renta, con un límite del 75 por ciento del importe de la segunda.

El consejero apuntaba que en esta ocasión el Bocyl no publicará la relación de beneficiarios, sino que estará en la página web de la Junta, en las delegaciones territoriales, en el 012 y en el correo electrónico de este servicio, si bien todos los perceptores recibirán un sms en el que se avisa de que se procederá al ingreso en siguientes días.

Desde la convocatoria de 2014, pagada en 2015, la Junta ha liberado más de 147 millones de ayudas al alquiler en estos años, desde los 2,3 millones del primer año a los casi 30 de 2022. En esta ocasión, el importe medio es de 2.056 euros, 302 más que la última convocatoria, la de 2021, que “pone de manifiesto la mejora de las ayudas y esfuerzo económico para los Presupuestos de Castilla y León”.

Del total de ayudas concedidas, alrededor de 10.000 de las 14.277 corresponden a la modalidad general, que reciben la mitad de la subvención, mientras que 2.552 son de jóvenes que perciben el 60 por ciento y 712, jóvenes en el medio rural, con 1,7 millones. Igualmente, 826 han conseguido justificar la compatibilidad con el Bono Joven, con 657.000 euros en total.

Suárez-Quiñones recordó que las familias “no tienen que aportar ahora los pagos bancarios porque ya lo hicieron en la presentación de la solicitud”, motivo por el que justificó el retraso de la convocatoria, “dado que se perdían determinadas ayudas por falta de conocimiento”. Ahora, se han unificado dos “trabas administrativas en una sola”, algo que “ha venido para quedarse”. A partir de ahora, los plazos serán siempre en diciembre y enero.

Año complejo

También defendía que ha sido un “año especial y complejo”, ya que su departamento ha lidiado con la tramitación conjunta del Bono Joven, cedido a las autonomías, y con un 14 por ciento más de solicitudes de la ayuda al alquiler. Se trata de un equipo, ya de por sí, con una “amplia carga de trabajo”, con las ayudas a la accesibilidad y las de ahorro energético, que “se sacan de forma extraordinaria”. Por ello, se han incorporado 17 personas para reforzar y acometer este año, a través de Somacyl, si bien el consejero consideró que no está previsto elevar más el número de trabajadores.

En todo caso, destacaba que son “ayudas creíbles porque llegan todos los años, a todas las personas y en los mismos tiempos”, y agradeció el interés de los integrantes del Diálogo Social en esta convocatoria, que “está configurada de forma fácil para su acceso y contenidos muy básicos”.

Por último, informaba de que los motivos por los que se ha echado atrás el 40 por ciento de solicitudes es por “no acreditar los requisitos cuando la Administración ha pedido subsanarlos, por no estar al corriente de pagos con Hacienda o la Seguridad Social no empadronados en los municipios para el que se pide el pago del alquiler, porque abonan renta que supera los máximos”, aunque también por no ser titulares de la vivienda o contar con alguna más en propiedad.