Fernández Carriedo reconoce que existe un «alto riesgo» de incumplir el déficit

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que existe un «alto riesgo» de que la Junta de Castilla y León no cumpla este año el objetivo de déficit establecido por el Gobierno en el 0,1 por ciento del PIB, y achacó esta situación a las deudas que el Estado arrastra con la Comunidad.

Es por ello que, de momento, la Junta ha descartado seguir los pasos de otras Comunidad Autónomas y recurra a la vía judicial para exigir al Gobierno pago del IVA correspondientes al mes de diciembre de 2017, criticó que el Estado también está pagando con retraso las entregas a cuenta. «El Estado está transfiriendo deuda a las autonomía», ha afirmado.

Unas declaraciones que ha recogido la Agencia Ical, momentos antes de clausurar la jornada «Abriendo la Administración a la Ciudadanía», y donde ha explicado que se trata de una situación que afecta al conjunto autonómico y que no es exclusiva de la Región, a la vez que ha recalcado que el único factor del posible incumplimiento del objetivo de déficit son «las circunstancias de este año».

Por otra parte, el consejero también ha criticado que España debería haber gestionado el cierre de la minería al ritmo que otros países europeos. «El Gobierno se ha anticipado en el cierre de las minas y en el cierre de la minería al ritmo que otros países europeos. «El Gobierno se ha anticipado en el cierre de minas y en el cierre de centrales térmicas y esta situación puede tener un efecto negativo a la hora de la llegada de fondos europeos, algo que no se puede corregir estableciendo nuevos impuestos», ha afirmado. En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo central ha cometido un error a la hora de fijar la transición energética, ya que debería haber establecido un plazo más amplio para cierre de las minas, como hizo Alemania o Polonia.

Respecto a las jornadas en las que ha estado presente, Fernández Carriedo ha destacado que se trata de un foro muy oportuno donde se está analizando la transparencia de las administraciones públicas y la evaluación de las políticas de gasto público. Además, ha indicado que es necesario que la administración autonómica realice un mayor esfuerzo en transparencia, mientras que en la política presupuestaria, ha manifestado, que se deben establecer mejores indicadores para medir su ejecución y, sobre todo, sus efectos en los ciudadanos.

Una jornada que plantea como objetivos que los empleados públicos son parte activa y esencial de los cambios que la Administración autonómica realiza en la gestión pública, la apertura de la información a las personas y la evaluación de las políticas públicas que llevan a cabo las distintas administraciones.