La Junta prepara ya la reincorporación de sus trabajadores de forma segura

La vuelta a la normalidad se acerca. Por ello, la Junta de Castilla y León ha elaborado y distribuido a sus Consejerías y a los agentes sociales de la Comunidad una guía con las medidas preventivas a adoptar para el retorno progresivo de los trabajadores públicos dentro del proceso de desescalada de la pandemia.

Según ha informado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante su comparecencia en las Cortes para dar cuenta de las actuaciones llevadas desde su cartera ante la crisis sanitaria, este documento se ha elaborado a partir de las directrices aportadas por el Gobierno, pero atendiendo a las peculiaridades de la región.

Como ha manifestado el consejero, la reincorporación a la vida ordinaria de los empleados públicos “debe efectuarse de una manera prudente, planificada y con completas garantías de cumplimiento de normas sanitarias y de los protocolos de prevención de riesgos laborales”.

Por este motivo, ha anunciado que serán cinco las pautas fundamentales para el reingreso progresivo de los trabajadores públicos:

• Se comenzará por la “protección de aquellas personas con más riesgo al contraer la enfermedad”.
• Seguidamente, el documento base especifica que la “conciliación de la vida familiar y laboral” será el segundo punto que marcará la desescalada en el sector público.
• A continuación irá el mantenimiento de los servicios esenciales “para continuar con la lucha contra la pandemia”.
• Así como la “recuperación progresiva de la prestación de los servicios a los ciudadanos, que con carácter ordinario la administración pública desarrolla”.
• Finalmente, el último punto de esta guía establece una reincorporación a la actividad ordinaria, en la que “se tratará de compatibilizar el trabajo presencial y no presencial, así como el trabajo a turnos”.

Sobre este documento, el consejero ha informado de que se ha dado traslado esta misma semana a los sindicatos para su valoración, teniendo en cuenta que en él se han recogido las aportaciones elevadas hasta el momento por los mismos, y serán del mismo modo recogidas cuantas ideas sumen en la garantía conciliada de protección de la salud, prevención de riesgos, y prestación del servicio público.

Compensación a la implicación profesional

Por otro lado, Ibáñez ha destacado la especial implicación, disponibilidad, responsabilidad, profesionalidad y humanidad de la gran mayoría de los empleados públicos, por lo que ha anunciado la constitución de un “Grupo de Trabajo Interconsejerías” que deberá proponer, -dentro de un espacio de consenso con las organizaciones sindicales-, el uso de las fórmulas que procedan para reconocer el trabajo de los funcionarios durante todo este periodo.

Se incluirán en esta compensación aquellos profesionales de la Sanidad que han afrontado el cuidado de los pacientes de Covid-19; así como los profesionales de Servicios Sociales; profesionales de la Emergencia; el 1-1-2 y profesionales de la Administración General que han estado a su lado para conseguir todas las herramientas necesarias para prestar esos servicios.

La falta de “elegancia” de las denuncias

Además, el consejero de la Presidencia ha hecho mención a los numerosos procesos judiciales en los que se han visto implicados los Servicios Jurídicos de la Junta desde que comenzó la pandemia “por decisión de diversos colectivos, principalmente Sindicatos o Colegios Profesionales, en reclamación de equipos de protección individual para el personal sanitario y socio sanitario”, procedimientos que han tenido un resultado dispar.

Al respecto ha señalado que, más allá de “la legalidad” de la interposición de tales demandas por “su contenido”, ya que pretendían la máxima protección de los profesionales y empleados, desde la Administración autonómica han estado “persiguiendo con ahínco” poder garantizar esa protección y gestionar las compras de este material en “un complicadísimo momento de ruptura de stock mundial”.

En este sentido, ha recalcado que, “cuando se está haciendo todo lo humanamente posible por proteger a sus profesionales, parece cuanto menos poco elegante que alguien acuda a los tribunales, especialmente por los tiempos de tales reclamaciones, en un momento en el que se estaba produciendo la máxima explosión de contagios y a punto de desbordar los sistemas de contención públicos”. “Y sí, por cumplir con los mandatos judiciales, hubo momentos donde había personas que dejaban de hacer compras para escribir informes justificando que estábamos haciendo esas compras”, ha recalcado tajante.

Coordinación con otras Autonomías para el retorno de castellanos y leoneses

Por otra parte, Ángel Ibáñez ha recordado que al inicio del establecimiento del Estado de Alarma surgió una preocupación en relación con noticias que indicaban los problemas de castellanos y leoneses que pudieran encontrarse en una situación de desamparo en las Islas Baleares y Canarias, donde debían dejar de modo inmediato sus alojamientos, pero no disponían de medio aéreo para poder retornar a la península, generándose una situación de incertidumbre.

En este sentido, el consejero tomó contacto con el Gobierno Balear y el Canario y se facilitó un “formulario de retorno” en el portal de la Junta para atender posibles problemas derivados de la situación de crisis. Las gestiones posteriores se desarrollaron con normalidad desde los gobiernos insulares, y todas las personas de Castilla y León que estaban en una situación de bloqueo pudieron volver sin complicaciones.

Apoyo a sanitarios

Por su parte, en el turno de preguntas, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión y procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido a la Junta que “no deje tirados en la cuneta” a los sanitarios, como asegura que ha hecho el PP en la Comunidad de Madrid.

Mientras, el portavoz socialista en la reunión, Luis Briones, ha criticado que “no es leal ni justo” que el Ejecutivo autonómico no reconozca el esfuerzo del personal que ha servido como refuerzo al sistema sanitario para atender la crisis provocada por la pandemia.

Finalmente, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Leticia García, ha considerado que es “ineludible” premiar la conciliación para los empleados públicos de la Junta durante el proceso de desescalada y ha reclamado que, aunque finalice el Estado de Alarma, se enfatice en la conciliación de los empleados públicos durante los próximos meses ya que “el cuidado de mayores e hijos va a seguir siendo muy difícil”.