La Audiencia de Segovia juzgará desde este martes a once personas acusadas de pertenecer a una banda criminal creada a finales de 2018 para vender cocaína de forma organizada y a otra persona, que suministraba la sustancia, por la venta de droga en grandes cantidades.

El Ministerio Público pide penas de entre cinco años y dos meses de prisión hasta nueve años y medio de cárcel, y multas que van desde los 16.390 euros hasta los 2,8 millones, informa Efe.

El proceso surge de una investigación llevada a cabo por la Policía Nacionalentre enero y julio de 2019 denominada “Operación Resurgir”, en la que se detectó la presunta implicación de los ahora acusados en la venta de drogas detectada en Segovia a finales del año 2018. Tres de los acusados lo están de un delito contra la salud pública que tiene por objeto sustancias estupefacientes que causan grave daño en cantidades “de notoria importancia” y por pertenencia a organización criminal.

Uno de ellos se dedicaba mantener reuniones y entrevistas con posibles compradores,otro era considerado “el principal suministrador de cocaína de la provincia de Segovia” y el tercero realizaba las labores de transporte. Este último lo hacía con su vehículo, con el que viajaba unos kilómetros por detrás de otro que hacía de lanzadera para evitar posibles controles policiales, y en ocasiones en compañía de su mujer o incluso, a veces, de sus hijos menores, según el fiscal.

La acusación pública pide ocho años y dos meses de prisión para uno, ocho años y medio para otro y nueve años y medio para el tercero, en este caso por ser reincidente, y una multa para cada uno de 259.540 uros.

Otros ocho presuntos participantes del entramado están acusados de un delito contra la salud pública que tiene por objeto sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, pero en cantidades menores que los anteriores, y pertenencia a grupo criminal.

Cinco de ellos vendían droga al menudeo y tres son pareja de algunos de ellos y, según el fiscal, prestaban “auxilio” o “ayuda” en las labores de transporte, distribución y venta de drogas.

Para todos estos las penas solicitadas oscilan entre cinco años y dos meses de prisión y siete años y cuatro meses de cárcel, mientras que las multas son de 16.390 euros para cada uno.

El último procesado no está acusado de pertenecer al grupo criminal pero sí del delito más grave, uno contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades que exceden notablemente la considerada como “de notoria importancia”.

En concreto, por la supuesta venta de 11.370 gramos brutos de cocaína que hizo traer desde Colombia a España, hechos por los que fue investigado otra persona por hacer de ‘mula’ para él en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid y que ahora le llevan al banquillo por su supuesta venta.

La cantidad, vendida a distintos distribuidores, excede hasta en 15 veces la considerada “de notoria importancia” y tiene un valor en el mercado ilícito de 394.508 euros en la ventaal por mayor y de 1,1 millones al por menor, según ha señalado el fiscal en su escrito.

Por ello, pide para este último acusado, que está en prisión provisional por un delito de homicidio a raíz de unos hechos ajenos a esta causa, la pena de nueve años de prisión y una multa de 2,7 millones de euros.