Instrumentos legales y más recursos para evitar una cuarta ola

No ha sido la de ayer una sesión plenaria que vaya a pasar a la historia por el consenso y unidad alcanzadas frente a la covid. Más bien podría ser por lo contrario, ya que en todos los debates se escenificaba la creciente división existente entre los partidos que conforman el Gobierno, PP y Ciudadanos, y el resto, con especial hincapié en la oposición socialista, que vio como no salía adelante ninguna de sus iniciativas en materia sanitaria, económica o frente a la despoblación.

Tampoco la propuesta la propuesta de reforma de la Ley de Publicidad Institucional que llevaban los socialistas a la Cámara autonómica, que PP y Cs tumbaban por considerarla, entre otras cosas, «inoportuna».

La misma suerte corría la iniciativa que llevaba Podemos que reclamaba el regreso de las consultas presenciales en los centros de salud y consultorios, principalmente del medio rural, la contratación de más personal sanitario o nuevas medidas para atender las patologías no covid.

Si bien, sí que salían adelante las dos iniciativas que llevaban las formaciones de Gobierno al hemiciclo. La primera, de Cs, que urge al presidente Sánchez nuevas herramientas jurídicas además de recursos sanitarios para poder hacer frente a esta pandemia con mejores garantías y evitar una cuarta ola, así como para estar preparados ante futuras alertas sanitarias.

Ciudadanos aceptaba la enmienda de adicción que presentaba el Partido Popular, que reclama la actualización de la Ley de 1986 de medidas especiales de salud pública y de la Ley General de Salud Pública de 2011 para dotar a las regiones de herramientas legales con las que puedan controlar mejor y de forma más eficaz esta pandemia y otras que puedan surgir.

La propuesta, que solo contaba con los votos a favor de PP y Cs, pide también a Sánchez pautas comunes en recursos humanos para todas las regiones, crear la especialidad de Enfermería en Cuidados críticos o agilizar la homologación de títulos de Medicina obtenidos en terceros países.

Igualmente, la proposición no de Ley contempla la petición al Gobierno de España de que incremente las plazas de formación de especialistas (MIR) para el proceso que se iniciará en marzo y que se cumplan los contratos de suministro de vacunas en tiempo y forma.

Las procuradoras de PP y Cs que defendieron la medida, Marta Sanz y Rosa María Esteban, respectivamente, reprochaban a Sánchez que haya 17 planes de acción contra la covid en lugar de uno solo y que haya dejado abandonadas y solas a las Comunidades en esta tercera ola «por estar pensando en Cataluña». Desde el PSOE, por su parte, Judith Villar, afeaba a populares y Cs que estén renunciando a la gestión sanitaria al pedir que sea el Gobierno quien lo haga, mientras denunciaba que la Junta está dejando la Sanidad «como un erial».

Y, la segunda propuesta que salía delante, defendida por el PP, era sobre el conflicto surgido con el lobo ibérico -se aprobaba con el apoyo de todos los grupos salvo PSOE y Podemos-, con la que las Cortes piden a Sánchez que dé marcha atrás en su intención de impedir la caza del lobo el norte del Duero y consensue medidas con las regiones donde la presencia de este animal es mayor, y, a la Junta, que use todas sus armas, incluida la judicial, para evitar esta medida.

El debate dejaba frases como la de Ana Sánchez, del PSOE, que acusaba a la Junta de «matar más ganado que los lobos», y la contestación del popular Raúl de la Hoz, que llamaba «cobardes» a los socialista por decir una cosa a los ganaderos y actuar de otra para no incomodar a Sánchez.