La Junta, sobre las macrogranjas: “No podemos situarnos al margen de la Ley”

Este fin de semana se han organizado en las provincias de Burgos, Palencia y Soria varias concentraciones y protestas ciudadanas contra la proliferación de las denominadas como marcrogranjas en la Comunidad, que varias plataformas consideran perjudiciales para el medio rural, por la contaminación, porque se echará la gente de los pueblos por los malos olores y porque dañará también a los pequeños ganaderos.

Sobre este asunto, se ha referido este lunes el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su visita a la localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos, donde aseguraba, contundente, que la Junta “no puede situarse en contra de la Ley ni de la aplicación de las normas”. En este sentido, Suárez-Quiñones explicaba que cualquier proyecto debe someterse a una tramitación y una exigencias y que si autoriza es porque cumple todas las normas.

“Cuando un proyecto se somete a una tramitación, ha de cumplir unas exigencias y la Junta de Castilla y León lo que hace en su parte es dar una respuesta conforme a la ley a ese proyecto que deberá tener los informes sectoriales que corresponda: el informe de Red Natura 2000 y el resto de informes que elaboran nuestros técnicos y que determinarán si ese proyecto es conforme con nuestras normas”, apuntaba el consejero, mientras reafirmaba el compromiso dl Gobierno que preside Fernández Mañueco con el cumplimiento de la Ley.

Asimismo, insistía en que un proyecto de macrogranja, uno eólico, uno solar o uno de cualquier tip ha de cumplir con las normas, con los informes técnicos y ser recto en la tramitación del expediente administrativo. “Si después de esa tramitación por el paso por las administraciones el proyecto resultante es autorizado será porque ha cumplido todas las normas”, finalizaba.

Las plataformas que están en contra de las macrogranjas exigen a la Junta de Castilla y León y a los diferentes partidos políticos, la aprobación de una moratoria que frene las licencias de nueva instalación y las ampliaciones, y que se trabaje en un plan estratégico que evalúe los efectos medioambientales, económicos y demográficos. Una ley autonómica y estatal que mida los animales que caben por territorio, teniendo en cuenta el consumo de agua y la producción de purines.

También rechazan la imposición de esta industria en un entorno rural “al que nada beneficiará”, así como trasladar a la sociedad burgalesa sobre los peligros de este tipo de industrias, y sus efectos secundarios. Entre ellos, citan la contaminación del agua por la filtración de purines, que deviene en agua no apta para el consumo humano; contaminación de los suelos, ya cargados de nitratos; incremento de la resistencia a los antibióticos, vector para el desarrollo y propagación de múltiples enfermedades; contaminación del aire y emisión de gases contaminantes, y malos olores continuos.