La Junta exigirá a los bancos y cajas más compromiso con el territorio

La Junta de Castilla y León exigirá a las entidades financieras un mayor compromiso con su implementación en el territorio,. Además, intensificará su colaboración con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales para intentar frenar la creciente “desertización” financiera que sufre la Comunidad, que ha perdido en los últimos doce años el 45 por ciento de estas instalaciones -1.319-, especialmente en el mundo rural.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, contestaba de esta forma a la procuradora de Vox Fátima Pinacho, en su cara a cara en el pleno de las Cortes durante las preguntas orales, donde la procuradora del partido que lidera Santiago Abascal había mostrado su preocupación por la “desertización financiera” existente en muchas zonas rurales de la Comunidad.

Según apuntaba la procuradora de Vox, más del 15 por ciento de la población se ha quedado ahora sin acceder a este servicio “esencial” como es disponer de una entidad bancaria en su localidad, lo que provoca que sean “ciudadanos de segunda”.

Ante esta alerta, el consejero de Economía y Hacienda recordaba que este es un problema que “no ha creado la Junta”, pero en el que el Ejecutivo autonómico sí que está empeñado en solucionar, de modo que ha reconocido que la vía para hacerlo es, por un lado, “exigir” a las entidades financieras “compromiso” son la implementación territorial y, por otro, colaborar con las entidades locales para solucionarlo, ha apostillado Carriedo.

También los socialistas como las centrales sindicales han mostrado su preocupación por este hecho y han acordado pedir a la Administración autonómica que alcance algún tipo de acuerdo de colaboración con los ayuntamientos para impedir la “dejación de funciones” de las entidades financieras en el medio rural y, de esta forma, impedir su desertización.

De hecho, según los datos aportados por los sindicatos, en 2008 había 12.850 empleados en el sector financiero de Castilla y León y ahora ya solo son 6.747. Por otra parte, había 3.180 oficinas y ahora ya solo quedan 1.596.

Una reducción que, según el PSOE, afecta directamente a la población envejecida que vive en esos núcleos rurales, que ve cómo desaparece otro servicio público,