El Consultivo garantiza con “eficacia” el buen gobierno pese a la pandemia

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado el pasado año un total de 458 dictámenes, de los cuales más del 60 por ciento se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales como diputaciones, ayuntamientos o Juntas Vecinales, y ha resuelto 207 recursos. Estos son algunos de los datos que se extraen de la Memoria de 2020 que esta institución propia ha entregado al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, de manos de Agustín Sánchez de Vega, quien ha defendido la “eficacia” de este órgano de consulta como garante de la legalidad y del buen Gobierno en defensa de los ciudadanos de esta Comunidad.

Tras su aprobación por el Pleno del Consejo, integrado por el propio Sánchez de Vega así como por los consejeros electivos, María del Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera, este documento se presentará para su debate parlamentario este mismo miércoles por sus señorías en el hemiciclo del Legislativo autonómico.

El Consejo Consultivo, institución propia que se encarga de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva y la correspondiente a la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública. Es el único caso en España con esta configuración.

De los 458 dictámenes aprobados el pasado año, además, 168 procedieron de la Junta de Castilla y León – de los que más de un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria- y tres de universidades.

Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2020 se presentaron 198 recursos y se dictaron 198 resoluciones que resolvieron 207 recursos.

Tras recibir el documento con la Memoria de 2020, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, reconocía la labor de esta institución propia de la Comunidad a lo largo del pasado año, marcado por las dificultades de la pandemia, lo que ha requerido un “esfuerzo extraordinario que es digno de destacar”.

Además, Fuentes aseguraba que el papel del Consejo Consultivo, igual que el del resto de las instituciones propias de la Comunidad, toma ahora “más sentido que nunca” para velar por el correcto funcionamiento de las administraciones públicas que tienen la “tarea fundamental de sentar las bases de la recuperación económica y social después de estos tiempos tan difíciles”.

Una nueva Ley

Mientras todo esto ocurre, el Consejo Consultivo pide una nueva Ley para regular su funcionamiento ya que, en opinión de Sánchez de Vega, contribuirá a mejorar el funcionamiento integrado de los dos órganos, reforzará la autonomía e independencia de la institución y reafirmará la condición del Consejo como “superior órgano consultivo” de la Comunidad, como lo define el Estatuto de Autonomía. Objetivo: servir al mejor ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses y que Castilla y león cuente con una útil herramienta en la elaboración de las normas que le permita evaluar las consecuencias favorables de éstas para hacer frente a la despoblación.