Amilivia defiende que las entidades locales tengan un Observatorio frente a la despoblación

Complicidad y colaboración sin competencia entre las administraciones públicas. Estas son algunas de las recetas que el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha trasladado este jueves a sus señorías en las Cortes de Castilla y León para abordar el reto demográfico.

Lo hacía durante una de sus intervenciones en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, donde presentaba un informe de fiscalización de las medidas aplicadas para afrontar el problema de la despoblación en ayuntamientos y diputaciones.

Además, el presidente del Consejo de Cuentas recomendaba a estas entidades locales la creación de un departamento o estructura similar a la del Observatorio de la evolución de la población para coordinar las medidas que están repartidas por distintas áreas.

“Es importante que en la administración más cercana a los ciudadanos exista una planificación estratégica de medidas que aborden el problema de acuerdo con sus singulares circunstancias”, decía Amilivia.

Algo que no compartía el portavoz del PP, José Alberto de Castro, para quien “es cuestionable” que las entidades locales tengan un departamento que se encargue de las medidas contra la despoblación, entre otras cosas porque carecen de recursos económicos,, y aseguraba que, en su opinión, la solución a este problema debe partir de “todos”.

Amilivia exponía también que la Comunidad Autónoma debe valorar de manera especial las medidas para el incremento de la actividad económica, puesto que considera que es la principal responsable de mantener la población y no sólo la oferta de servicio.

En este sentido, el presidente del Consejo de Cuentas alertaba de que en los momentos de crisis económica son los que más incidido en el descenso de la población. Así, explicaba que el informe constata que las oportunidades laborales son el factor más determinante para la evolución demográfica y que “Castilla y León, pese a mantener la estructura de servicios esenciales en su extenso territorio, en términos demográficos es especialmente sensible a los cambios del ciclo económico.

Por todo ello, pedía una posición constructiva en el diseño de nuevas estrategias, que permita hacer frente a la preocupante dimensión del problema, “pero que no caiga en la estigmatización del territorio”, apuntaba, y que las comunidades con problemas de despoblación “pero no vacías” sean capaces de proponer “una alternativa con calidad de vida a la España saturada”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Blanca Delia Negrete, aseguraba que el problema de la despoblación no es exclusivo de Castilla y León y afecta “a todos”, aunque, según los datos ofrecidos en la comisión por el presidente del Consejo de Cuentas, desde 2002 a 2019, en España la población creció un 14,3 por ciento y en la comunidad autónoma descendió un 1,9 por ciento, informa Efe.

La portavoz del PSOE, Rosa Rubio, se refería a la despoblación como “la gran lacra” de Castilla y León y que en diez años ha perdido 151.613 habitantes, el censo de una ciudad como Salamanca, a lo que se une que en esta tierra hay “una tendencia clara al envejecimiento”.

Además, criticaba que de cada titulado de Castilla y León que permanece en la comunidad dos se van, en el último año se han ido 7.523 titulados, el programa de retorno del talento a la comunidad ha dado como resultado “cero” y en esta comunidad “no se llega” al millón de personas ocupadas.

Al respecto, sostenía que las medidas que ha adoptado la Junta de Castilla y León frente al problema de la despoblación han sido “pocas e irrelevantes” y la ha demandado que aproveche el Plan de Recuperación que ha puesto en marcha el Gobierno de España basado en las ayudas de la UE, lo que puesto en duda que vaya a suceder. Para Rosa Rubio, actuaciones como las del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con el viaje a Finlandia “aportan poco” a la lucha contra la despoblación.

Por contra el portavoz del PP, se centraba en la responsabilidad del Gobierno y ponía de manifiesto que del Ejecutivo central son competencia las telecomunicaciones, incluida la extensión de la banda ancha.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, de la UPL, urgía a un pacto de Estado sobre reto demográfico y apuntaba que en población “España gana y Castilla y León pierde”, sobre todo provincias como Zamora, Ávila y León.