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Una caza ordenada y sostenible que garantiza el futuro del medio rural

Las Cortes aprueban una Ley para regular la actividad cinegética en Castilla y León y dan luz verde a la paralización de las nuevas licencias de juego durante dos años

Votación durante la sesión plenaria de las Cortes
Votación durante la sesión plenaria de las CortesLeticia P�rezAgencia ICAL

Fructífera sesión plenaria la que se celebraba este miércoles en las Cortes regionales, en la que se daban luz verde a varias iniciativas por unanimidad, entre ellas la nueva Ley de caza de Castilla y León o la paralización durante dos años de nuevas licencias para la puesta en marcha de salones de juego y casas de apuestas ante la proliferación de los últimos años, hasta que se apruebe la nueva normativa regional, que hoy mismo ha sido expuesta para la consulta pública y para recibir aportaciones en el Portal del Gobierno Abierto.

De hecho, en la actualidad hay unos 150 establecimientos dedicados al juego y las casas de apuestas y hay cinco solicitudes a la espera de que se resuelvan presentadas antes de esta modificación. En los últimos años, Castilla y León ha pasado de tener 47 salones de juego en 2015 a 131 hoy, mientras que en el caso de las casas de apuestas han pasado de las tres de 2015 a las 19 actuales, lo que ha aumentado la preocupación social ya que muchos de estos lugares están ubicados cerca de centros educativos, el número de denuncias por parte de asociaciones vecinales y de jugadores rehabilitados.

En este Pleno de las Cortes, además, se aprobaba con el apoyo también de todos los grupos una proposición no de Ley que urge al Gobierno de España a devolver a Castilla y León los 182 millones de euros atrasados correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 que sigue sin abonarse pese a la sentencia del Tribunal Supremo.

Respecto a la Ley de Caza, que salía adelante con el voto de todos salvo Podemos que se abstenía, está llamada a afianzar la seguridad jurídica además de regular de forma ordenada y sostenible la actividad cinegética que es vital para el futuro del medio rural pero también para el Medio Ambiente y la conservación de ecosistemas y control de especies.

Una norma que previene problemas de seguridad vial por el atropello de animales, que permite que una especie cinegética pueda ser declarada de atención preferente y, por ello, ser objeto de planes específicos, y que plantea figuras como la de los cotos y cazadores colaboradores. La nueva Ley prevé la elaboración de una estrategia de la caza, que incluirá planes de gestión y recursos cinegéticos, establece los periodos hábiles máximos para cazar y da tres meses de tiempo para resolver si autoriza o no un plan cinegético, mientras que en el caso de que no se conteste en plazo que ese silencio administrativo sea negativo e impida comenzar a cazar.

Asimismo, se creará una herramienta ‘Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León’, que utilizará todas las fuentes de información disponibles, y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.

Respecto a los terrenos no cinegéticos, se elimina la figura del Refugio de Fauna, y en cuanto a los terrenos cinegéticos, se unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución.

Finalmente, la Ley también establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendía la importancia de esta normativa por lo que supone de reconocimiento a esta actividad tradicional pero también como recurso económico relevante que genera empleo en el medio rural y fija población.

De izquiera a derecha: Marta Sanz (Grupo Ciudadanos), María Jesús Moreta Jiménez (secretaria de la Federación en Castilla y León), Rocío Lucas (Consejera de Educación), Iñaqui Muñoz (secretario general de la Federación Española de Dislexia), Carmen Sánchez Bellota (Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular) y María Teresa Gago (Grupo Ciudadanos)
De izquiera a derecha: Marta Sanz (Grupo Ciudadanos), María Jesús Moreta Jiménez (secretaria de la Federación en Castilla y León), Rocío Lucas (Consejera de Educación), Iñaqui Muñoz (secretario general de la Federación Española de Dislexia), Carmen Sánchez Bellota (Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular) y María Teresa Gago (Grupo Ciudadanos) FOTO: La razón La Razón

Educación inclusiva

Y, además, cabe señalar , la aprobación de una iniciativa impulsada por el PP para apoyar al alumnado con trastornos de comunicación y lenguaje. La medida pide a la Junta que establezca protocolos de detección temprana en las diferentes etapas escolares y que diseñe pautas de intervención que mejoren su respuesta educativa. También reclama la colaboración con tutores para planes de trabajo individualizados, fomentar el asesoramiento a las familias sobre estrategias específicas que mejoren la motivación y el autoestima y, finalmente, insta a la Junta a formar a los profesionales sobre estos problemas de comunicación y lenguaje.

La procuradora popular María del Carmen Sánchez defendía la iniciativa con la que ha pretendido “continuar mejorando la atención de la diversidad dentro de los centros educativos y dar respuesta a los más de 2.000 alumnos con trastornos de comunicación y lenguaje.

Finalmente, cabe señalar que en este Pleno, los grupos Socialista y Popular acordaban también solicitar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades extender el Programa 2030 a los centros que lo soliciten para favorecer la inclusión social de los alumnos en situación de vulnerabilidad.

Además, los grupos también consensuaban pedir al departamento que dirige Isabel Blanco que siga impulsando en colaboración con las corporaciones locales medidas de apoyo a las familias a través de los equipos de inclusión social financiados por la gerencia de servicios sociales.