Dos de cada tres contratos realizados por la Junta son para prestación de servicios esenciales

La Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable en cuanto a contratación pública. Así lo revela el informe que el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha elaborado sobre los años 2018 y 2019 y que su presidente. Mario Amilivia, ha expuesto este jueves en el Parlamento regional, en el que se pone de manifiesto que dos de cada tres contratos realizados en estos años son para prestación de servicios esenciales, además de una cierta mejora en cuanto a la media de incidencias detectadas.

El Consejo de Cuentas informa de que para esta auditoría se ha revisado una muestra de 84 expedientes por un valor de 249 millones de euros y se llevaron a cabo 2.268 comprobaciones sobre los mismos.

Según los expedientes comunicados, solo las competencias sanitarias absorben más de la mitad del importe total de la contratación. Si a la sanidad se suman educación y servicios sociales, los servicios esenciales del estado de bienestar, representan prácticamente dos tercios del importe total de la contratación.

Según el procedimiento de adjudicación, los contratos abiertos representan el 58 por ciento, los basados en acuerdo marco, el 14 por ciento; los contratos con negociación, el 13 por ciento y otros procedimientos el 15 por ciento.

En función de los tipos de contratos, se constata que en 2018-2019 los contratos de servicios representan un 39 por ciento del total, los de suministros un 34 por ciento y los de obras un 21 por ciento. A la vista de estos porcentajes se aprecia una cierta variación respecto a los tres ejercicios que fueron objeto de la anterior comparecencia sobre la contratación autonómica, observándose una cierta recuperación en la contratación de obras, cuyo peso relativo sobre el total pasa de un 15 a un 21 por ciento.

Los resultados de la fiscalización se focalizan en sus 13 conclusiones, siendo los aspectos más destacados los siguientes:

En cuanto al Registro Público de Contratos, la contratación no comunicada por la Administración autonómica ascendió en 2018 a 267 expedientes por 119 millones de euros y en 2019 a 946 por 130, detectándose esta falta de comunicación principalmente en la Gerencia Regional de Salud.

En lo referente a la Organización y Control Interno, en cuanto a la aplicación de la normativa presupuestaria, en 2 expedientes no figura el documento de retención de crédito.

Sobre el Procedimiento de Contratación. En cuanto a las actuaciones preparatorias se pone de manifiesto el cumplimiento razonable de las normas en las actuaciones de preparación de los contratos, dejando constancia en la documentación de la justificación, naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse; de la adecuada calificación, delimitación y régimen jurídico del contrato, así como la adecuación al mercado del presupuesto de licitación.

En lo referente a los expedientes de contratación, con carácter general, documentan suficientemente las actuaciones realizadas, de conformidad con el principio de transparencia y en cumplimiento con lo dispuesto por la normativa, excepto por algunas incidencias.

En relación al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, o documentos equivalentes, así como los pliegos y documentos que contienen las prescripciones técnicas particulares, se observaron también determinadas incidencias. Por ejemplo, en 12 contratos (7 de la Gerencia Regional de Salud), la acreditación de la solvencia económico-financiera y/o técnica y profesional de los licitadores no se realiza o se realiza deficientemente y en 9 contratos (5 de la Gerencia Regional de Salud), los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presentan un incorrecto o insuficiente desarrollo al no permitir valorar las ofertas sólo con lo expuesto en los pliegos, no establecer los métodos de reparto de las puntuaciones máximas, o presentar otros defectos.

En cuanto a las conclusiones sobre la adjudicación de los contratos, se cumplen los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones, excepto en 13 expedientes. Los principios de transparencia, libertad de acceso a las licitaciones e igualdad de trato se cumplen, con carácter general, lo que se manifiesta en la adecuada valoración de las ofertas por las mesas de contratación y los órganos técnicos especializados de asesoramiento, teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con los criterios previstos en los pliegos. Se observan, no obstante, determinadas incidencias.

Finalmente, del análisis de la formalización de los contratos se desprende que, con carácter general, se cumple con la formalización de los documentos contractuales en la forma y contenido definidos en la normativa y su contenido es congruente con las actuaciones precedentes. No obstante, en 7 expedientes el documento de formalización presenta omisiones o no se ajusta a lo previsto en la normativa. Por otra parte, en dos contratos de obras, la firma del acta de comprobación de replanteo, por la que se inicia la ejecución del contrato, se suscribe incumpliendo el plazo máximo de un mes.

Publicidad y transparencia

Si bien, el informe advierte de algunas salvedades que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público, en referencia a la “falta de designación responsable del contrato y de los cálculos realizados para la determinación y adecuación del precio de licitación, así como las deficiencias de publicidad, en el establecimiento de los medios de solvencia o en el incumplimiento de los plazos de adjudicación y de formalización de los contratos.

Ante esta tesitura, esta institución propia con sede en Palencia plantea siete recomendaciones:

• El Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información, especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud.
• Por su parte, los órganos de contratación deben velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato y de reservar la utilización de la tramitación urgente y de emergencia cuando se den las circunstancias señaladas en la ley; de la designación de un responsable del contrato; y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe. Además, deben planificar la contratación de las necesidades habituales para que no se produzcan periodos sin cobertura contractual y cumplir las normas de publicidad establecidas.
• La Administración de la Comunidad, especialmente la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, debe establecer los medios para acreditar la solvencia económico-financiera y/o técnica y profesional de los licitadores.
• Además, la Gerencia Regional de Salud debe reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos con el suficiente detalle todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, lo que redundaría en una mayor transparencia y objetividad del proceso.
• La Gerencia Regional de Salud y las Consejerías de Presidencia, de Economía y Hacienda, y de Cultura y Turismo, deben evitar distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, en especial del referente a la oferta económica.
• Los órganos de contratación deben asegurar que el contenido de los contratos incluya todos los derechos y obligaciones, especialmente el Itacyl y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
• Finalmente, la Administración de la Comunidad debe vigilar que los contratos sean formalizados en plazo, así como su preceptiva publicación en boletines oficiales y en el perfil de contratante.

Los grupos parlamentarios asumen las conclusiones del informa y desde el PP, Salvador Cruz, reconoce que “sorprende” el elevado número de contratos no comunicados al Registro Público de Contratos y estimó que es un aspecto en el que hay que mejorar. El presidente del Consejo señaló que en el caso del elevado número de incumplimiento en la Gerencia Regional de Salud se puede deber a colgar los datos en la Plataforma Saturno.

La socialista Rosa Rubio consideró que el informe presentado es “un calco” de los presentados en ejercicios anteriores por lo que estimó que la Junta “hace caso omiso” de las recomendaciones del Consejo de Cuentas y enumeró los contratos que no figuran en el Registro Público, en su mayoría pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud.

“No se ha mejorado en transparencia, pese a que hay una Consejería de Transparencia”, subrayó Rubio, que apuntó al incumplimiento de plazos máximos para la licitación o a pliegos que “no incentivan”, donde detalló algunos de los contratos en distintas consejerías de la Junta.

El Grupo Socialista asume todas las recomendaciones del Consejo de Cuentas y espera con “avidez” el informe de 2020 dado que todos los contratos covid se centralizaron en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y adjudicación sin fiscalización previa por su emergencia, explicó Rubio. “Mucho tememos que se confunda emergencia con chapuza”, zanjó.

El popular Salvador Cruz destacó que más de la mitad de los contratos efectuados en ese periodo corresponden al área de los servicios sociales de la Junta, subrayó la colaboración del Ejecutivo con el Consejo de Cuentas y resaltó que en términos generales se cumple con la legalidad aplicable, excepto en dos expedientes de más de 200 analizados.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Francisco Javier Panizo estimó que los datos presentados reflejan una mejora en la contratación por parte de la Administración de la Comunidad, valoró el cumplimiento de las normas del contrato del sector público y confió en que las recomendaciones depuren las deficiencias detectadas por el Consejo.