El PSOE augura “nuevos recortes” en el medio rural bajo el amparo de la Ley de Ordenación

El PSOE de castilla y León no se fía de la Junta y sospecha que al amparo de la futura Ley de Ordenación del Territorio -a la que aún le falta una pata para completarse, la de los mapas rurales-, el Gobierno de Fernández Mañueco llevará a cabo nuevos recortes en el medio rural de la Comunidad.

Así lo ha advertido este viernes la vicesecretaria general de los socialistas de esta Comunidad, Virginia Barcones, tras reunirse este viernes en Valladolid con los miembros del área de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, donde se ha preguntado también si las diputaciones “van a cargar con el trabajo sucio” del nuevo mapa de zonas resultante de la aplicación de la futura normativa.

“La elaboración de la propuesta de mapas de ordenación de servicios ha recaído en las diputaciones provinciales porque la Junta de Castilla y León ha fracasado tantas veces en este empeño que no se atreve una vez más y ha buscado a las corporaciones provinciales para echarles la culpa del nuevo fracaso al que se aboca el mapa de zonificación del medio rural”, denuncia Barcones.

“Van a entrar, de verdad, las diputaciones en este berenjenal sin que la Junta aporte un euro para que las diputaciones hagan también en esta ocasión el trabajo que le corresponde?”, se cuestiona la dirigente socialista.

Para Barcones todo este asunto ha supuesto un enorme desgate” para ellas “debido a los conflictos que habitualmente han supuesto estos mapas en el mundo local.

La vicesecretaria regional acusaba a la Junta de carecer de un modelo territorial y, en el caso del acceso desde cualquier municipio del área funcional a los servicios de Atención Primaria, educativos y sociales básicos, ha vaticinado un periodo de al menos treinta minutos, un tiempo “inaceptable” para la ordenación de servicios “de proximidad”.

Por otra parte, aseguraba que se impondrán criterios de “rentabilidad económica” sobre los de equidad social, algo que, en su opinión, tampoco garantiza ni la localización de los servicios, ni su dotación de recursos y personal, ni se contempla ningún plan de mejora.

Finalmente, situaba la demora de otros tres años en la aprobación de los estándares mínimos de cobertura de los servicios, entre otros de los problemas de la futura Ley.