Garantizar el respeto y la dignidad de las personas al final de su vida

En pleno debate social en España tras la aprobación hace poco más de un mes de la Ley de Eutanasia en el Congreso de los Diputados, Castilla y León da un paso más en su afán por dar otras opciones a los pacientes y las personas que se enfrentan a los últimos días de sus vidas. El Consejo de Gobierno aprobaba ayer el anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de las personas al final de sus vidas que, además de completar un hueco que estaba vacío en la legislación, pretende , ante todo, garantizar el respeto y la dignidad de las personas en sus últimos días.

«La norma asegurará una información correcta, la declaración de voluntades de forma anticipada y, sobre todo, va a garantizar que los ciudadanos de esta Comunidad tengan otro camino al del suicidio, la eutanasia y el sufrimiento», destacaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

El anteproyecto, que aún deberá tramitarse en las Cortes de Castilla y León para su debate, mejora si cabe y aprobación, también garantizará cuando esto ocurra el derecho a la intimidad, al acompañamiento, a recibir cuidados paliativos de calidad, con unidades destinadas a este fin en cada provincia. De la misma forma, la normativa permitirá renunciar al tratamiento, incluidas medidas de soporte vital, como puede ser la nutrición y la hidratación forzadas, y la posibilidad de sedación para aliviar los síntomas, no sólo vinculados con el dolor, sino también con cuestiones como la disnea y la ansiedad cuando es intratable.

«Con este anteproyecto damos un paso muy importante en un camino que deberíamos haber finalizado ya hace tiempo en la Comunidad», apuntaba Igea, mientras recordaba que esta Ley forma parte también del acuerdo de cien puntos para la gobernabilidad de Castilla y León que firmaron PP y Ciudadanos.

Igualmente, se establecen las matizaciones correspondientes al ejercicio de dichos derechos por menores de edad, y se determinan también los deberes correspondientes a los profesionales garantizando su seguridad jurídica, tales como la confidencialidad, información clínica en términos comprensibles, respeto a la voluntad del paciente y a sus instrucciones previas, adecuación del esfuerzo terapéutico y evaluación de aquellas situaciones en las que el paciente está imposibilitado para la toma de decisiones.

El anteproyecto regula también las obligaciones que corresponden a los centros e instituciones sanitarias y sociosanitarias, ya sean de titularidad pública o privada, responsables de la atención a los pacientes que se encuentren en este momento final. Estas entidades tienen que facilitar no solo el acompañamiento del enfermo, por parte del entorno familiar y afectivo o por voluntarios, sino también facilitar auxilio espiritual. .

Por todo ello y para asegurar el cumplimiento de todas estas cuestiones, la futura ley establecerá un sistema sancionador efectivo para quien incumpla estos derechos para todos los profesionales, empresas y la propia Administración autonómica si incumplen alguno de estos derechos que se recogen en el texto.