Fernández Mañueco vuelve a ofrecer diálogo a Tudanca para trazar la mejor Sanidad para los castellanos y leoneses

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado en el Parlamento autonómico, durante la primera sesión de control al Gobierno regional tras el verano, que el objetivo de la reforma de la asistencia sanitaria que está planteando la Consejería de Sanidad es exclusivamente aumentar la calidad del sistema, potenciar su capacidad de resolución y modernizar la atención con las nuevas tecnologías, garantizando que toda persona tenga su personal médico y de enfermería estable.

Para ello, el jefe del Ejecutivo autonómico ha ofrecido al portavoz del grupo parlamentario socialista, Luis Tudanca, volver a sentarse a dialogar con el fin de “trazar la mejor sanidad para las personas de Castilla y León”. Un sistema “que tiene problemas, problemas comunes al conjunto de las comunidades autónomas, como la falta de profesionales” ha insistido, “pero también fortalezas”.

Entre esas fortalezas, Fernández Mañueco ha recordado que Castilla y León es la Comunidad con mejor ratio de médicos de Atención Primaria de España; la segunda que más invierte por habitante en Atención Primaria, y que en el actual presupuesto se ha aumentado la dotación en Atención Primaria hasta el 20 por ciento del gasto del sistema de salud.

“Nuestro modelo de atención primaria es de calidad, con dotaciones y con eficiencia para proteger mejor a las personas”, ha subrayado el presidente del Ejecutivo autonómico, quien ha reiterado que todos los consultorios locales permanecerán abiertos.

Por todo ello, Fernández Mañueco ha ofrecido al portavoz socialista sentarse a hablar y pedir en común al Gobierno de España que establezca las medidas necesarias ante la falta de médicos en todas las comunidades. Asimismo, exigir un Fondo Extraordinario COVID para 2022, imprescindible para atender los sobrecostes que van a seguir existiendo en todos los servicios públicos, especialmente la sanidad.

Como muestra de la voluntad de acuerdo de la Junta de Castilla y León, el presidente se ha mostrado favorable a que el grupo parlamentario popular apoye la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas, a pesar de sus grandes carencias y defectos, puesto que el objetivo común es mantener y reforzar la atención presencial en todos los consultorios rurales.

Por su parte, Tudanca no se mostró muy partidario de aceptar el ofrecimiento, y a cambio pidió al presidente que ordene recuperar la frecuencia y la atención en el medio rural, y retire mañana mismo el Plan Aliste, ese que le piden que evite la desde la Diputación de Salamanca a la Federación de Municipios y Provincias, así como los alcaldes, algunos del PP, de municipios como Sepúlveda, Béjar y Sayago, entre otros.

“No es sólo una reforma, es cuestión de su modelo. En 2013 intentaron cerrar las urgencias, y su plan sigue siendo el mismo. Quiere cargarse la sanidad pública”, reprochó el líder socialista a Fernández Mañueco, quien le trasladó que le ofrece la “enésima oportunidad para trabajar” para trazar “la mejor sanidad, que tiene problemas, comunes a los de todas las autonomías”.

Energía más barata

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico, en respuesta a una pregunta de la procuradora de VOX, Fátima Pinacho, sobre el desembalse de agua realizado este verano en a presa de Ricobayo (Zamora), propuso que las zonas productoras de energía, principalmente la eléctrica, tengan costes más baratos en su acceso así como determinados impuestos más bajos para compensar “el sacrifico” realizado por esos territorios.

Provincias productoras como la de Zamora, sus valles y poblaciones anegados, puso como ejemplo el presidente, “se han sacrificado desde hace años por un bien superior: el beneficio para la mayoría de España, por eso es de justicia que parte de la riqueza generada revierta en las gentes que más lo han sufrido”.Menos costes energéticos e impuestos “allí donde se produce la energía”, planteó Fernández Mañueco.

El presidente, entre otras medidas, consideró la necesidad de “armonizar las necesidades de producción eléctrica con las ambientales, económicas, turísticas y sociales” dentro de la planificación de los recursos hídricos. Para todo ello, “se deberían actualizar las concesiones de las explotaciones de los embalses, en algunos casos de hace un siglo, y adaptarlas a los condicionantes de la Agenda 2030”.

Por su parte, Fátima Pinacho, aún concediendo que la gestión de estas aguas es “estatal” y que, por tanto, corresponde tanto a la Confederación Hidrográfica del Duero como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que acusó de “dejación de funciones”, también acusó a la Junta de no haber denunciado lo sucedido a la CHD y haber exigido la comparecencia de su presidenta.

“No basta una carta a la ministra ni una resolución del Procurador del Común, hay que dotar de ayudas directas o indirectas a la zona para restituir el abastecimiento de agua y paliar las numerosas pérdidas sufridas”, aseguró Pinacho, que también exigió a la Junta un estudio de impacto ambiental porque el ecosistema “no puede dejarse a merced del beneficio económico privado”.