Incautan 333 teléfonos móviles en la salmantina prisión de Topas durante los últimos cinco años

Los móviles están prohibidos en las cárceles españolas, pero eso no quiere decir que no les haya o circulen en el interior de las prisiones de forma ilegal y como comercio ilícito. De hecho, solo en la cárcel de Topas, en Salamanca, en los últimos cinco años se han incautado un total de 333 teléfonos móviles, según ha desvelado este miércoles el sindicato Acaip-UGT, desde donde ponen en valor el trabajo realizado por los funcionarios de prisiones al respecto para evitar un mercado negro y que los delincuentes apresados continúen con su actividad delictiva.

Así, en 2017 de incautaron 63 teléfonos, diez más que un año más tarde. El 2019 fue el año con más aprehensiones con 76, mientras que en 2020 hubo 69, tres menos que el pasado año 2021, que contó con 72 móviles requisados en el centro penitenciario salmantino. De todas las cárceles dependientes de Instituciones Penitenciarias Topas es la novena en número de incautaciones.

Según la organización sindical, los dispositivos móviles son objetos muy cotizados porque generan un “mercado negro” y se usan para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones, situación que afecta a presos por violencia de género, por delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas o relacionadas con el narcotráfico.

En este sentido, desde el sindicato señalan que el uso de estos teléfonos puede generar “deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos”, por ello, los trabajadores penitenciarios dedican “grandes esfuerzos” en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales “se camuflan fácilmente” por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.

De hecho, los encuentran en los lugares “más insospechados”, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es precisa una “requisa exhaustiva” de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada.

“Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior”, denunció el sindicato. Todo esto requiere, a su vez, del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. “Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito”, concluyen.

Desde Acaip-UGT insisten en la necesidad de ocupar todas las vacantes porque las nuevas promociones apenas “cubren las bajas vegetativas”, además, apuntan a la conveniencia de adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por eso, consideran preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para “afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución”.