Malestar e inquietud por la futura Ley de Movilidad Sostenible

Hondo malestar e inquietud en Castilla y León por la futura Ley de Movilidad Sostenible que tramita en estos momentos el Gobierno de España, sobre todo por sus «nefastas» consecuencias para el medio rural.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado una serie de alegaciones a esta normativa con su disconformidad ante el texto del anteproyecto, y reclama al Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana no solo su revisión sino una modificación «profunda» del mismo.

Entre las cuestiones que alega la Junta de Castilla y León se encuentra el poco caso que se hace al medio rural en los 107 artículos del documento, donde solo se hace referencia a la movilidad en los pueblos una sola vez.

«Es preocupante porque parece que para el Gobierno la movilidad pública no es un elemento esencial en la lucha contra la despoblación», denuncia el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, mientras recuerda que la Junta trabaja en una Ley de Transporte de Castilla y León con un mapa de ordenación del transporte que cuenta con políticas de discriminación positiva hacia el medio rural, como por ejemplo el Bono a la Demanda gratuito.

Suárez-Quiñones advierte de que el anteproyecto del Gobierno «se carga» el transporte en tren de Media Distancia como elemento vertebrador del medio rural y, además, abre la puerta al pago en las autovías, y no sólo de cara al futuro ya que ataca directamente los actuales servicios al plantear nuevos criterios para declarar Obligaciones de Servicio Público (OSP) que supondrán su práctica desaparición en las relaciones ferroviarias en el mundo rural.

También advierte de que, bajo el título «Mecanismo de financiación para asegurar el mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado y mejorar la internalización de costes externos del transporte por carretera», se han incluido las bases jurídicas de un sistema de pago por uso de las autovías estatales.

El consejero alerta del «inmenso perjuicio» que supondrá a Castilla y León la implantación de un pago por uso basado en la distancia recorrida, «porque de esta forma se penaliza a territorios extensos con un coste de transporte muy superior al de otras zonas de la geografía española».

Así mismo, asegura que la “indefinición” de esta medida no debería permitir avanzar en la tramitación de esta Ley sin poderla valorar conjuntamente con una memoria del análisis de impacto normativo, de modo que se pueda conocer cuál es realmente la necesidad y como se propone solucionar

Finalmente, Suárez-Quiñones denuncia que el anteproyecto suprime las paradas intermedias de las concesiones estatales que no lo sean en las poblaciones principales del itinerario, y que el modelo de financiación establecido para el transporte público no contemple ni al transporte rural ni al metropolitano.

En este sentido, recuerda que Castilla y León viene prestando servicios de transporte metropolitano (Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid) sin haber constituido nuevas estructuras administrativas para su gestión, lo que deriva en el absurdo de penalizar fórmulas de gestión que no requieren la constitución de estructuras administrativas intermedias de prestación de servicios de transporte.

“Es imprescindible que se contemple la financiación de la movilidad rural, olvidada completamente en el texto de la Ley, máxime cuando el mismo no aporta solución alguna a la movilidad rural trasladando todo su peso a las Comunidades Autónomas”, finaliza Suárez-Quiñones.

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