El PP derogará la protección del lobo de manera inmediata si llega al Gobierno

El Partido Popular se comprometió a derogar de manera inmediata la orden ministerial mediante la que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial “en cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa”. Asimismo, garantizó la puesta en marcha de un Plan de Choque con medidas económicas y ayudas directas al sector ganadero.

Así lo aseguró la secretaria general de los ‘populares’, Cuca Gamarra, quien visitó hoy la localidad leonesa de Burón para presentar a ganaderos, alcaldes y representantes institucionales la estrategia nacional para garantizar la supervivencia de la ganadería extensiva en la Montaña de León.

“Altamente preocupada con lo que está sucediendo en España con la ganadería extensiva”, Cuca Gamarra se refirió a la misma como “la despensa de hoy y la garantía para el futuro”, de manera que “requiere de una estrategia como partido en relación a su apoyo y protección”, ya que cuenta con 88.000 explotaciones de ganado enfocado a la carne y que “es importante desde el punto de vista económico, social y ambiental”.

En este sentido, Gamarra cifró en cerca de un millón el número de explotaciones ganaderas existentes en España, que exportan a 130 países y que aportan cerca de 9.000 millones de euros “de la balanza comercial”. Asimismo, más de 2,5 millones de puestos de trabajo dependen del sector cárnico y agroalimentario, al tiempo que el 46 por ciento de extensión del país es pastoril, por lo que “el efecto que tiene la ganadería extensiva en el mantenimiento del paisaje es fundamental”.

Así, en un momento “muy delicado” en el “a todos los elementos de la crisis actual hay que el lobo”, al que la secretaria general del PP se refirió como “el principal problema de la ganadería extensiva desde que el Gobierno lo incluyera en septiembre del año pasado en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”.

Mesa de trabajo

Frente a ello, Cuca Gamarra resaltó el “compromiso absoluto” del Partido Popular de Antonio Núñez Feijóo con la ganadería extensiva, que se materializará en la derogación de la protección especial del lobo, ya que “es perfectamente posible su control en el Norte del Duero con garantizar la supervivencia y la existencia de la ganadería extensiva”. Una cuestión de “sentido común” que “también avalan los propios ganaderos y el sector”, mientras que “ningún estudio avala la incorporación del lobo en el Lespre”, lo que se debe “únicamente a un motivo ideológico”.

“Ante el problema que es hoy el lobo por la política errónea de persecución al ganadero que impulsa Pedro Sánchez, nosotros planteamos soluciones”, afirmó Gamarra, quien se mostró “del lado del sector” mediante la puesta en marcha de la mesa de apoyo a la ganadería extensiva que comenzó a trabajar a principio de verano y que en el día de hoy se reunió “de manera formal” en Burón para “impulsar unas medidas concretas de la mano de los ganaderos”.

Una mesa que planteará, en el marco de la estrategia nacional para garantizar la supervivencia de la ganadería extensiva en la Montaña de León, la derogación de la protección del lobo, la puesta en marcha de un Plan de Choque y la agilización de las ayudas a los ganaderos cuando se produce un ataque de un lobo, así como eliminar burocracia.

Para ello, Gamarra consideró “imprescindible” que los 20 millones de euros que tiene comprometidos el Gobierno de España lleguen a las comunidades autónomas para que las puedan hacer llegar a los ganaderos que se ven atacados, para lo que denunció el “castigo” a las comunidades que se han puesto en contra de la protección del lobo.

De acuerdo con los datos aportados por la ‘popular’, España cerró 2021 con un total de 14.000 agresiones del lobo, así como 300 rebaños y 40 reses matadas al día, lo que requiere de “una política de protección al lobo que garantice la subsistencia y el equilibrio de la ganadería extensiva” en lugar de “atacar al ganadero”.

Reunión en Bruselas

Por otro lado, cabe señalar que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, mantendrán este mes una reunión en Bruselascon parlamentarios europeos con el fin de informar sobre el impacto negativo que están teniendo para el medio rural, la biodiversidad, el sector primario y, particularmente, la ganadería extensiva las políticas del Gobierno de España.

Este encuentro con el Parlamento Europeo lo han anunciado ambos consejeros tras reunirse en León para abordar la situación de la especie en sus respectivos territorios y analizar las consecuencias derivadas de las políticas “erráticas” adoptadas por el Ejecutivo estatal desde el 2021.

En este sentido, cabe recordar que tras la aprobación en septiembre de 2021 de la orden ministerial por la que se incluía al lobo en LESPRE, ambos Gobiernos autonómicos decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional, entendiendo que había sido adoptada unilateralmente, con importantes defectos en la tramitación, sin evaluar la anterior estrategia, sin un censo de población de lobos, al margen de las principales comunidades autónomos con presencia de lobos del país y sin ningún fundamento científico.

Más de un año después de aquella primera decisión, los dos consejeros autonómicos compartieron hoy su preocupación por la situación generada tras conocerse que el Gobierno central decidió dejar fuera del reparto de los 20 millones de euros reservados este año al lobo aquellas autonomías que, como Castilla y León y Galicia, no suscribieron la nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de la especie, negativa a la entrega de los fondos a pesar de ser un importe aprobado en Conferencia Sectorial, como también lo fueron los criterios de reparto y su distribución, que sólo precisa resolución del Secretario de Estado para su entrega a ambas Comunidades Autónomas, a las que se niega la misma.

La Estrategia fue aprobada en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, a pesar del voto en contra de las principales comunidades loberas —Galicia, Castilla y León o Cantabria, que concentran entre las tres el 93% de los ejemplares de todo el país—. Castilla y León y Galicia no votaron a favor de la Estrategia pues parte de considerar que el lobo está en regresión en España, lo que no es cierto, y por los defectos previos de falta de evaluación de la estrategia anterior y falta de un censo del lobo, aspectos que de ningún modo se pueden aceptar. Los datos que manejan ambas autonomías son que el lobo está en un estado de conservación favorable y en clara expansión.

Por el contrario, estas comunidades sí votaron a favor de la propuesta de reparto territorial de los 20 millones de euros, de los que Galicia recibiría 4,3 millones y Castilla y León, un total de 8,8 millones de euros. Es decir, entre las dos comunidades, 13,1 millones de euros (el 65% del total).

Un mes después, sin embargo, y en contra de lo acordado en el marco de la Conferencia Sectorial, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) comunicó su decisión unilateral de vincular el acceso a estos fondos a la suscripción previa de la referida Estrategia.

Esta decisión del Gobierno Central sobre la transferencia de fondos para el lobo “obedece a motivos políticos” y carece de “fundamento jurídico” al tiempo que “discrimina y perjudica a los ganaderos” de Galicia, Castilla y León y otros territorios que no apoyaron la Estrategia, como coincidieron en señalar Ángeles Vázquez y Juan Carlos Suárez-Quiñones hoy en León. Los fondos no se hurtan a los gobiernos Autonómicos y sino a los ganaderos de ambas autonomías, manifestaron ambos representantes de las Comunidades Autónomas.

Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha formalizado una reclamación previa a la vía judicial, instando al Gobierno de España para que transfiera las partidas presupuestarias aprobadas, sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo. Por su parte, el Gobierno gallego decidió recurrir por la vía contencioso-administrativa la exclusión de Galicia del reparto de los presupuestos del Estado comprometidos con el lobo.

En este sentido, ambos consejeros coincidieron en la necesidad de agotar todas las vías a su alcance para garantizar el equilibrio en el territorio entre el lobo y las actividades propias del medio rural, con el objetivo de evitar que las principales comunidades autónomas loberas del país sean excluidas de una distribución económica a los que tienen un derecho legítimo. Está en juego la propia supervivencia de lobo, y sobre todo, la supervivencia de la ganadería extensiva, y con ello un perjuicio para los ecosistemas, un perjuicio para la mejora del estado de los montes, base imprescindible para luchar contra los incendios forestales, y también se pone en peligro la supervivencia de nuestros pueblos.

Es el caso de los daños que provocan los ataques del lobo a la ganadería, agravado por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) o la aprobación de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, normativas del Gobierno que impiden la gestión y control del lobo por las Comunidades Autónomas, notablemente conservado en los últimos años por esta gestión de las autonomías, sino que tampoco ha transferido el MITERD los más de 13 millones de euros comprometidos a Galicia y Castilla y León para compensar a los ganaderos por los daños y para medidas preventivas, negativa basada en " motivos políticos”.