PGE
El PP enmienda el “castigo” de Sánchez a Castilla y León con casi 800 millones más de inversiones
Autovías y redes ferroviarias copan la mayor parte de las partidas que los populares quieren incluir en el debate parlamentario de los Presupuestos de 2023 del Gobierno de España
Los parlamentarios del PP de Castilla y León se han empleado a fondo este mes que ha pasado desde que el Gobierno de España aprobara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, para intentar corregir unas Cuentas que, para los populares, son un insulto a la Comunidad, porque las partidas se reducen un 4,17 por ciento, hasta los 955,8 millones de euros, siendo Castilla y León y Murcia las únicas regiones de España en la que las Cuentas han bajado respecto a las de este año.
Frente a ello, los populares van a dar la batalla en el Congreso y el Senado durante el debate presupuestario y han anunciado cerca de 300 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), concretamente 294, por un importe cercano a los 800 millones de euros que harán especial hincapié en las “infraestructuras pendientes” en la Comunidad, como son las autovías del Duero, con 18 millones enmendados; la del Camino de Santiago, con diez; o la Valladolid-León, con seis millones.
“Queremos incrementar para la Comunidad unas cuentas estatales que son falsas, adulteradas y manifiestamente mejorables, con partidas que se centran, principalmente, en inversiones que culminen autovías y redes ferroviarias de Castilla y León”, destacaba el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, quien comparecía ante la prensa para presentar este documento en compañía del diputado por Valladolid José Ángel Alonso y del senador burgalés Javier Lacalle.
En lo que respecta a las autovías, las enmiendas del PP se distribuyen así:
-Seis millones de euros para la A-60 entre Valladolid y León, con cinco millones para el tramo vallisoletano y uno para el leonés
- 18 millones para la Autovía del Duero (A-11) de los cuales quince serían para las obras del tramo que une la localidad soriana de Langa de Duero y la burgalesa de Aranda de Duero, con el proyecto ya redactado y el trazado aprobado, mientras que otros 2,5 millones de euros irían para rehacer el proyecto entre Aranda de Duero y Quintanilla de Arriba, ya en la provincia de Valladolid; y 10 millones de euros más para dos tramos de la autovía del Camino de Santiago en la provincia de Burgos.
- También se incluyen en estas partidas para llevar a cabo actuaciones en la ronda de Buenos Aires de Salamanca, en la reparación del viaducto de la A-6 en la conexión entre León y Galicia y en la AP-6 entre Segovia y Madrid.
Mientras que en relación a las vías férreas, el PP pide al Gobierno que destine 10 millones de euros para reabrir el túnel de Somosierra con el que impulsar el tren directo entre Burgos y Madrid, otros 3,5 millones para avanzar en la redacción del proyecto para unir por alta velocidad a Burgos con el País Vasco; diez millones para la electrificación del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro y cuatro millones más para el soterramiento del tren en Valladolid.
En el PP piden a los diputados y senadores socialistas de Castilla y León que apoyen estas enmiendas que, según destacaba Lacalle, contemplan además unas partidas cercanas a los 65 millones de euros para proyectos comunes de la Comunidad.
Entre ellos, 11,7 millones de euros para rutas temáticas; nueve millones para la restauración de viviendas en el medio rural o la puesta en marcha de un plan de apoyo al comercio en municipios, vinculado al aumento de la inflación.
Finalmente, los populares pedirán movilizar 4,5 millones para parques agroalimentarios en las zonas despobladas de la Comunidad; otros nueve millones para convertir las oficinas de correos en puntos multiservicio y otros nueve millones para adecuar las estaciones de Renfe.
Los populares esperan que se puedan aprobar estas medidas porque en 2024 “es probable que no haya Presupuestos Generales del Estado por la convocatoria de elecciones”, por lo que la inexistencia de partidas para las obras mencionadas “dejaría a Castilla y León hipotecada dos años más”, apuntaba Lacalle.
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