Los familiares de las víctimas del pozo Emilio del Valle esperan que se haga justicia

Los familiares de los seis mineros muertos en el accidente ocurrido el 29 de octubre de 2013 en el pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón (León), confían en que “la justicia haga su trabajo” y se depuren responsabilidades por un siniestro “que se veía venir” y “se podía haber evitado”.

Así lo destacaron los padres de Manuel Maure, uno de los mineros fallecidos, a las puertas del edificio de los juzgados de León, minutos antes del comienzo del juicio contra los 16 acusados en este proceso, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente. Además, para la empresa titular de explotación, la Hullera Vasco Leonesa (HVL), se piden indemnizaciones que superan los dos millones de euros.

“A estas horas el perdón ya no sirve, fue una gravísima negligencia porque tenían todos los medios para haberlo evitado pero lo que fallaron fueron las personas, aunque ellos solo dicen que ellos no fueron y solo les falta decir que la culpa la tienen los que se fueron para allá”, aseguró el padre de Manuel Moure.

Por este motivo lo tiene claro: lo que ocurrió aquella mañana de lunes en el Pozo Emilio del Valle fue “una gravísima negligencia” porque la empresa “tenía todos los medios para haberlo evitado, era tan sencillo como haberlos aplicado”, de manera que “lo que fallaron fueron las personas”.

En este sentido, Toñita, su mujer y madre del fallecido, detalló que “ya se habían oído quejas con anterioridad”, de manera que si el accidente ocurrió un lunes, el propio Manuel le contó el jueves antes a su mujer que “aquello se estaba haciendo fatal y que iba a pasar algo en cualquier momento”. “Le explicó cómo estaba aquello y advirtió que como le pasara algo, les iba a dar unas hostias a los culpables. Cuando su mujer le dijo que eso sería si se las podría dar, él dijo que sino alguien lo haría por él”, contó, por lo que “hay que pelear hasta el último momento”, informa Ical.

La mujer apoyó sus palabras de su esposo y afirmó que “desde que pasó el accidente nadie avisó de nada”. Toñita relató que aquel 28 de octubre de 2013 su marido salió a dar una vuelta y cuando llegó a casa le trasladó que había habido un accidente en el pozo en el que trabajaba su hijo, por lo que llamaron por teléfono. “Nos dijeron que colgáramos el teléfono porque no podían atender a nadie y tenían que hacer llamadas, así que mi marido colgó y se fue al grupo”, contó.

Fue en el momento en el que Manuel Moure padre llegó al lugar de los hechos cuando descubrió que su hijo había sido uno de los fallecidos porque un compañero le dio pésame. “Así nos enteramos; mi marido se desplomó y todavía estamos esperando a que la empresa nos diga ‘ha pasado esto’”.

“¿Eso son razones de una empresa modelo como decían que eran? No avisaron siquiera a los padres. Un cuñado mío también llamó pero le dijeron lo mismo, que colgara. Eso no son maneras de enterarte de que tu hijo se ha quedado ahí dentro”, contó entre sollozos Toñita, para quien “lo que hizo la HVL no tiene perdón de Dios”.

Otros familiares de las víctimas resaltaron su satisfacción por “ver sentados en el banquillo” a los responsables del siniestro, si bien denunciaron la lentitud de la justicia. En el banquillo de los acusados se sientan dieciséis directivos, ingenieros y vigilantes de la Hullera Vasco Leonesa, entre ellos el presidente de la empresa, Antonio del Valle, para los que la Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel.

La Fiscalía acusa a la propia sociedad como responsable civil subsidiaria y la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria. Por su parte, las acusaciones particulares elevan la petición de pena a seis años y medio, el máximo previsto en casos de homicidio imprudente, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los acusados.

Además, la magistrada que preside el juicio por la muerte de seis mineros en las instalaciones de la Hullera Vasco Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón, en octubre de 2013 acordó en la primera sesión -dedicada a las cuestiones previas-, acceder a la petición de los representantes de la mayoría de los 16 acusados, que solicitaron que puedan ausentarse del mismo una vez hayan prestado declaración y hasta que llegue la fase de conclusiones y ejerzan, si lo desean, su derecho a la última palabra.

La jueza acordó la dispensa de la presencia de los acusados y matizó que se hará efectiva una vez que todos hayan prestado declaración; es decir, cuando transcurran las dos primeras semanas. A las puertas de los juzgados la madre de uno de los fallecidos mostraba su disconformidad. “Que vengan; es lo que tienen que hacer. Mi hijo no puede venir ningún día”, dijo.

Por otra parte, decidió desistir de reclamar, por cuarta vez, al administrador concursal de la compañía minera el acta de un Consejo de Administración celebrado en abril de 2009 en la que aparece especificada la organización de la sociedad, tanto en el ámbito técnico -lo que incluye la extracción de carbón y la seguridad laboral- como administrativo, al considerar que la concursal “ha intentado localizarlo sin haberlo logrado”.

El letrado argumentó que otras defensas sí han tenido acceso a documentación similar, por lo que considera que ha existido un trato discriminatorio y llegó a anunciar una posible solicitud de la suspensión del juicio, por entender que existe una vulneración al derecho a la defensa de su representado. Tras el pronunciamiento de la jueza, reiteró su disconformidad e hizo constar una protesta y posibles actuaciones posteriores.