Así se hace frente a la recogida y venta ilegal de setas

Tras un buen inicio de la campaña de recogida de setas en la provincia de Soria, y en vísperas de que la provincia acoja a miles de micoturistas en el "Puente" de El Pilar -Montes de Soria ha registrado un repunte espectacular de permisos expedidos para estos próximos días- la Guardia Civil de Soria, que lleva tiempo vigilando los montes y las carreteras para combatir a los recolectores furtivos, ya empieza a tener movimiento.

Y, de hecho, aunque se lleva poco tiempo de temporada, ya han llevado a cabo varias operaciones y denuncias por la recogida ilegal del producto estrella del otoño. Así, por ejemplo, el pasado 28 de septiembre agentes medioambientales del Gobierno regional y del Instituto Armado se incautaban de 477 kilos de boletus en un vehículo dentro del operativo de campo sobre el control de recolección y la comercialización fuera de la ley del recurso micológico en la provincia, coincidiendo con el primer pico de la campaña productiva.

Además, un día antes se desarrollaron en distintos montes del norte de la provincia varias operaciones conjuntas y como resultado de estas intervenciones se formularon 18 denuncias por recolectar sin el permiso necesario, se decomisaron un total de 477 kilogramos de boletus y se incautó un vehículo utilizado por los recolectores ilegales. Esta cifra se suma a los 65,3 kilogramos, también de boletus, decomisados el día 20.

El objetivo de estos operativos es controlar a recolectores ilegales y a comercializadores intermedios que no cumplan la normativa vigente, así como evitar malas prácticas recolectoras, que causan daños al monte, para hacer que el aprovechamiento micológico sea sostenible en el tiempo.

¿Y como se actúa?

En el caso de los agentes medioambientales centran su trabajo fundamentalmente en el control de la recolección de los montes, así como de las malas prácticas utilizadas para aprovechar el recurso micológico. La apertura de expedientes sancionadores por el incumplimiento de la normativa recolectora corresponde al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Una vez recogidas, y tras su oportuna inspección por expertos que comprueban su idoneidad para la comercialización, las setas se intentan posicionar en el mercado, teniendo en cuenta que es un producto perecedero, a través de las empresas de comercialización legalmente establecidas. Los beneficios generados con la venta del producto decomisado se reintegran a los propietarios de los montes.

Desde la Junta recuerdan también que es necesario asegurar la trazabilidad del producto en los puntos de compra y venta. Para demostrar esta trazabilidad es obligatorio, según el propio Decreto regulador, que los responsables de estos lugares exijan a los vendedores los permisos de recolección que les identifique, pues deberán tener su propio registro para evitar que se produzcan aprovechamientos fraudulentos. En supuestos de infracciones por incumplimiento de esta normativa, la instrucción de los expedientes corresponde al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en coordinación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente y la Guardia Civil.

En el caso de la Guardia Civil, en el Seprona ya están ojo avizor para controlar y vigilar las principales zonas de recogida. De hecho, los recolectores tienen horarios muy extensos porque cuando llueve salen setas y el que sabe más ya está a las ocho de la mañana recorriendo los lugares donde se encuentran para evitar que otro se le adelante y aprovechar el día entero.

Los agentes peinan los montes ya sea con los vehículos todoterreno de que disponen o andando. Y a las personas que se encuentran les piden la documentación y el permiso, que puede ser de recreativo, de operador o de comercial. Ante la petición de cualquier guardiacivil las personas deben presentar la autorización que tienen para vender setas y conforme a esa autorización podrá vender más o menos productos micológicos.

Además, según el coto micológico al que se vaya el recolector debe contar con una autorización u otra, dependiendo también de los convenios entre ayuntamientos. Y todo ello a cambio de una módica cantidad, que suele ser de diez euros para el caso de personal que no es residente en el ayuntamiento de referencia, y de unos tres euros para los vecinos de ese municipio, que tienen otro precio más barato, aunque también dependiendo del coto.

Los agentes acuden muchas veces a requerimientos de los vecinos o de los propietarios de los cotos que son quienes les dicen que han visto a personas que no son del pueblo merodeando por el monte y que convendría comprobarlo, ya que incluso algunos, gran parte de ellos de origen rumano-, duermen en el monte ya que se dedican de forma profesional a la recolección de setas o otras recolecciones en el campo, como la vendimia.

Los controles en las carreteras es otra de las formas que tiene la Guardia Civil para hacer frente a la recogida y venta ilegal de setas. En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha elaborado una legislación propia, que lo que permite es incautar, a partir de ciertas cantidades que excedan los permisos micológicos, el transporte de vehículos.

Así, una persona, aunque no se sepa de que coto viene exactamente, solo por el simple hecho de transportar más de diez kilos de productos micológicos, hace suponer que esa persona los ha cogido de forma irregular si no presenta ningún tipo de documentación aunque además debe respetar los márgenes de su licencia.

Es habitual un a mayor presencia de agentes de la Guardia Civil en las carreteras más transitadas con circulación fluida hacia las zonas donde están los mercado mayoristas para poder llevar a cabo con más eficacia los controles.

Además, en los propios pueblos, a los pies de los montes, suele haber operadores que registran, toman nota y pagan, aunque el precio varía poco de unos operadores a otros a la hora de comprar las setas a los recolectores, además de que tienen la obligación de comprobar esa documentación.

Muchos de estos operadores usan furgonetas para trasladar los productos, aunque no siempre son operadores como tal con su licencia, sino que se trata simplemente de transportistas. En este caso, tienen la obligación de llevar la documentación que acredita la trazabilidad.

La Guardia Civil, ante una operación, suele incautar directamente el vehículo y llevarlo a un depósito que el Gobierno autonómico tiene en Soria capital, ya sea por la propia necesidad del transporte del producto, por evitar que el delito se siga cometiendo y asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse por parte de la Junta, pero también para que se garantice el pago de la multa, ya que muchos vehículos son extranjeros y sus propietarios no pueden acreditar solvencia en España

Ya en el punto de compra, los agentes de la Guardia Civil realizan inspecciones a los operadores para verificar que tienen en regla la documentación que les acredita como tal, pero, además, comprueban que tienen conocimientos sobre micología, que es otro de los objetivos, y saben todo lo que hay que conocer acerca de las condiciones del producto que quiere vender y si pertenece a una especie micológica adecuada y comestible.

En este punto, los agentes se aseguran de su correcta trazabilidad y que las cantidades recogidas son las autorizadas para cada tipo de permiso. Si bien, en algunas ocasiones, es el propio operador ilegal el que dirige a la Guardia Civil a otro mercado que puede incluso comprar mayores cantidades.