En España, en general, y en Castilla y León, en particular, los ciudadanos no salen de su asombro al comprobar como una semana después del gran apagón que dejón sin luz ni electricidad a todo el país durante varias horas -en algunos lugares como Villablino casi un entero-, aún no se haya dado ninguna explicación por parte del Gobierno sobre la ocurrido salvo para poner en el foco a los operadores eléctricos, o que algunos de los responsables, como la ministra Aagesen o la presidenta de red Eléctrica, la socialista Beatriz Corredor, ex ministra con Zapatero, no hayan dado la cara para decir algo sobre lo sucedido.

En Castilla y León, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha vuelto a lemntar este lunes que el Ejecutivo central siga sin dar explicaciones sobre lo que pasó, y ha adevrtido de que de “todavía existe el riesgo de que esto pueda volverse a repetir”.

El también portavoz de la Junta asegura que cuanto antes se sepa el origen, será mejor para tomar medidas, si bien recordaba algunas de las medidas que ha puesto en marcha la Junta para estar preparados por si se repite el apagón como la retener las infraestructuras de distribución energética; asegurar que todas las fuentes de producción contribuyen a la generación de energía; garantizar el consumo en proximidad; o apostar por el almacenamiento energético como elemento de garantía y de seguridad.

“Necesitamos una energía sostenible, que garantice la seguridad y que garantice una oferta a un precio razonable a conjunto de los consumidores”, decía el consejero, en declaraciones recogidas por Ical, tras presidir el Comité Consultivo del Plan Sectorial del Hábitat de Castilla y León 2022-2027, donde se felicitaba de que el Gobierno regional fuera "capaz" en aquella jornada de “seguir prestando" al conjunto de los ciudadanos los servicios públicos que tiene transferidos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, de mayores y de personas con discapacidad.

“En Castilla y León lo supimos hacer y creo que ese fue un esfuerzo muy importante que hay que agradecer a todos los empleados públicos y a las administraciones públicas en la parte que les pudiera corresponder”, añadía Carriedo, en un momento en el que está en entredicho el que los ciudadanos pagan tantos impuestos y los servicios públicos no siempre funcionan adecuadamente, en alusión al “caos ferroviario” que, a su juicio, padece el país.

"En Castilla y León nuestra sanidad, nuestra educación ynuestros servicios sociales funcionan de una forma adecuada”, insistía.

Plan Sectorial del Hábitat (2022-2027

Respecto a la reunión del comité consultivo del Plan Sectorial del Hábitat 2022-2027, cuya ejecución es ya del 82 por ciento de los 392 millones de presupuesto público y privado que tiene, cabe señalar que según datos aportados por el sector, en estos momentos el número de industrias censadas y vinculadas a la construcción se sitúa en 25.000 empresas que anualmente facturan unos 24.000 millones y emplean a 82.000 personas.

"Es un sector transversal, de mucha actividad y una extensa cadena de valor: piedra, madera, metal, textil, equipamiento y reformas de viviendas, autoconsumo energético y demolición", destacaba Carriedo, quien aseguraba que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en tener un plan específico de Hábitat para aglutinar e impulsar un sector "que ha sido muy importante tras la pandemia" del coronavirus por los cambios de hábitos en la sociedad, las reformas, la rehabilitación integral y, en muchos casos, por la mudanza al medio rural.

Apostar más por la colaboración entre los centros tecnológicos y las empresas; atraer talento mediante la formación; la digitalización; el avance en bioeconomía y eficiencia energética; o la gestión forestal, son algunos de los retos a los que se enfrenta el sector en el futuro, según el portavoz de la Junta.

La presidenta del clúster, Estíbaliz González, por su parte, señalaba que todas estas líneas representan un impulso de la construcción, un sector que, en su opinión, "está denostado" por la "mala imagen" que tiene desde la crisis económica de 2008, si bien lo defendía a capa y espada porque es "irrenunciable" para la vida de las personas y la salud de la economía.