Castilla y León avanza en la retirada de amianto de las instalaciones rurales

El Gobierno regional promueve junto a las diputaciones provinciales la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto para facilitar y programar la retirada de este material, así como apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes en el cumplimiento de la normativa, facilitando que puedan disponer del correspondiente registro y planificar la retirada de este elemento en los plazos establecidos. Y es que en 2028 deberán priorizarse las instalaciones y emplazamientos según su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.

Así lo ha aanzado este martes el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, durante la visita realizada a una explotación agrícola de Miguel Herráez en La Serrada (Ávila) -una de las beneficiarias de dos subvenciones destinadas a la retirada y sustitución de cubiertas de fibrocemento con amianto en sus naves agrarias -, para conocer los trabajos de sustitución de cubiertas de amianto que ha realizado la empresa con el apoyo de la Junta.

La retirada segura y la sustitución de cubiertas que contienen amianto en centros de trabajo de Castilla y León es uno de los programas de prevención de riesgos laborales impulsados desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que ha invertido durante esta legislatura más de 11 millones de euros para apoyar la retirada de este material en 592 centros de trabajo en Castilla y León.

"Estamos comprometidos con la prevención de riesgos laborales y especialmente en aquellas empresas y municipios con mayores dificultades de inversión, como pueden ser las pequeñas empresas y los municipios del ámbito rural", destacaba Barrios, quien apuntaba que ne los ´ltimos años se ha intensificado la colaboración con las diputaciones provinciales para desarrollar distintos programas de prevención de riesgos laborales en el medio rural de la Comunidad.

Entre ellos, la adquisición de desfibriladores destinados a los municipios de menos de 2.000 habitantes, con una inversión autonómica de 1,6 millones de euros; el Montel Seguro, destinado a la adquisición de equipos, vehículos y maquinaria de trabajadores forestales, con una inversión de 7,9 millones de euros; y el programa Seguridad Rural, destinado a mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes, que ha contado con un inversión de 6,7 millones de euros.