Corrupción
Castilla y León garantiza la seguridad y confidencialidad de los informantes
González Gago se reúne con la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mantenido este martes un encuentro con Luis Gracia, titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, nombrado por el Parlamento autonómico el pasado 20 de junio para gestionar el nuevo canal externo de denuncias para entidades públicas, creado a propuesta de la Consejería de la Presidencia a través de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de 2024.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se ha reunido este martes con Luis Gracia, titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, tras su nombramiento el pasado 20 de junio para gestionar el nuevo canal externo de denuncias para entidades públicas.
Una reunión que ha servicio como primera toma de contacto entre la Junta y dicha autoridad independiente, en la que González Gago trasladaba la experiencia que ya tiene la Consejería de la Presidencia a la hora de tramitar este tipo de comunicaciones a través de su propio canal interno de denuncias, en este caso adscrito a la Inspección General de Servicios cuya titular es María Otero Lucas, y que, desde mediados de 2023, recoge comunicaciones relativas a la actividad interna de la Administración autonómica.
Ambos interlocutores reafirmaban su intención de trabajar de forma independiente para garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y el arreglo a la ley de todos los procedimientos llevados a cabo en el seno de las administraciones públicas de Castilla y León, atender todas las reclamaciones recibidas, trabajar con discreción y objetividad, y proteger siempre el anonimato y la seguridad jurídica de todas las personas implicadas.
A través de esta institución, adscrita al Consejo de Cuentas, cualquier persona puede presentar comunicaciones sobre aquellas acciones u omisiones, por parte de entidades públicas de Castilla y León, que puedan infringir el Derecho de la Unión Europea, o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave. El hecho de que este órgano pertenezca a una entidad independiente como el Consejo de Cuentas ahonda en la seguridad y la confidencialidad de los informantes.
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