Tomás Quintana llama a mejorar la accesibilidad y transparencia de los pequeños municipios

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha presentado este martes en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes la Memoria Anual correspondiente al año 2024, en la que, entre otras cosas, se destaca que el pasqado año se ha alcanzado el mayor porcentaje de cuestionarios recibidos desde que este órgano de control publica su memoria. En concreto, el 81 por ciento de los sujetos a los que el Comisionado se ha dirigido ha remitido los cuestionarios cumplimentados, con especial hincapié casi todas las entidades que conforman el sector público, las cuatro universidades públicas, las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo.

En relación con el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, se vuelve a constatar un alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación, si bien el comisionado insiste en pedir la mejora de la actualización de los datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratación y de las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas; así como en la necesidad de actuar proactivamente para publicar la información de las organizaciones del tercer sector en los términos señalados en la Ley de Transparencia de Castilla y León.

Entre las fundaciones públicas destacan por su grado de cumplimiento las Fundaciones Siglo para el Turismo y las Artes, Hemoterapia y Hemodonación, Universidades y Enseñanzas Superiores y también la Fundación Santa Bárbara, si bien el comisionado apela a la necesidad de introducir mejoras para posibilitar la reutilización de la información y el acceso a ella por personas con discapacidad.

En relación con las universidades públicas se advierte un alto grado de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa y de transparencia económico-financiera, pero llaman a dar más visibilidad del portal de transparencia dentro de sus páginas web y la reutilización de la información, ofreciendo otras alternativas al formato PDF en más ámbitos.

En cuanto a las entidades integrantes de la Administración local, la Memoria advierte nuevamente la doble realidad existente en el ámbito local y su reflejo sobre el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

Así, por un lado, las diputaciones provinciales, ayuntamientos capitales de provincia y otros con una población cuantitativamente relevante, cumplen la normativa aplicable, en especial desde el punto de vista de los contenidos que han de ser publicados, mientras que la mayoría de las entidades locales de la comunidad, es decir, en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y entidades locales menores, el cumplimiento de la ley es muy baja. Algo que el comisionado achaca a la escasez o carencia de medios para dar cumplimiento a las exigencias legales.

Por ello, Tomás Quintana ha planteado este martes la necesidad de desarrollar una normativa propia para que los municipios de menos de 5.000 habitantes puedan mejorar en accesibilidad y transparencia.

Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes presentan también un grado relativamente alto de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, aunque persisten algunas omisiones significativas en cuanto a los contenidos publicados y carencias relevantes en materia de reutilización de la información. Así, por ejemplo, se ha constatado un avance en la accesibilidad de la información para las personas con discapacidad en los portales de transparencia, aumentando el número de portales de ayuntamientos que anteriormente no tenían ningún contenido accesible y ahora presentan, cuando menos, una parte de la información disponible para las personas con discapacidad. En cambio, las estructuras de la información en materia de publicidad activa se siguen acomodando más a clasificaciones internacionales de transparencia que a la estructura recogida en la Ley de Transparencia. Por otra parte, no se han visto mejoras significativas en cuanto a la utilización de información gráfica que facilite la comprensión de la información a la ciudadanía.

Respecto a las Cámaras de Comercio mantienen una especial implicación en el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, al disponer todas ellas del correspondiente portal de transparencia en el que se ofrece aquella información a cuya publicación están obligadas, y, además, de una forma clara y estructurada.

Por otra parte, la Administración General de la Comunidad y las universidades públicas han registrado menos peticiones de información que en 2023. Y todavía algunas diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes afirman haber recibido menos de cinco solicitudes de información durante el año 2024.

El porcentaje de las solicitudes de información pública y que han sido estimadas ha superado el 91 por ciento, según la memoria. Se trata de un porcentaje superior en diez puntos al que se constató en nuestra Memoria anterior. Es decir, en 2024 las entidades públicas han estimado expresamente nueve de cada diez solicitudes de información recibidas y que fueron computadas como tales. En el caso de la Administración autonómica este porcentaje de estimaciones expresas fue todavía superior al general que acabo de indicar, al haber sido del 97 por ciento, y en el caso de las diputaciones provinciales fue aún más alto, de un 98 por ciento.

Estos datos confirman la importancia de que las peticiones de información, con independencia de la forma en la que se presenten y de su autor, sean registradas como tales y tramitadas de conformidad con el procedimiento legalmente previsto para ello. Cuando la solicitud de información pública presentada ante un ente público no se califica ni se tramita como tal, hay una probabilidad muy alta de que ni siquiera llegue a ser contestada, destaca el Comisionado en su memoria.

Así, cabe señalar que en 2024 se han presentado ante la Comisión de Transparencia 546 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información, 29 más que en 2023. Una cifra que se halla ampliamente superada por las 763 reclamaciones ya recibidas en lo que llevamos de año. En todo caso, es relevante señalar que el 72 por ciento de las reclamaciones presentadas en 2024 lo fueron frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada por algún ciudadano.

Por materias, la mayor parte tienen que ver con el empleo público, medio ambiente, contratación, gestión y disposición de recursos públicos y sanidad.

De las reclamaciones recibidas, 128 fueron realizadas por representantes locales; más específicamente, 110 por concejales y 18 por vocales de juntas vecinales.

En 2024 se ha vuelto a incrementar, en la línea de lo que viene ocurriendo año tras año, la utilización por los ciudadanos de las nuevas tecnologías para informarse sobre las funciones y la actividad del Comisionado y de la Comisión de Transparencia, así como para ejercer su derecho a reclamar ante esta última.

En efecto, los datos evidencian un incremento constante del número de visitantes de la página web del Comisionado de Transparencia, que podemos calificar de exponencial en 2024, dado que se han recibido casi 11.000 visitas más que en el año anterior. Sin duda, una de las consecuencias del aumento de estas visitas es que cerca del 75 por ciento de las reclamaciones presentadas ante la Comisión de Transparencia se han realizado por vía electrónica; por lo tanto, casi tres de cada cuatro de las recibidas en 2024.

El número de resoluciones formuladas por la Comisión en 2024 ha sido de 498, el mayor número de resoluciones adoptadas en un año desde el comienzo del funcionamiento de la Comisión de Transparencia, es decir, sobre un total de 2.430 resoluciones dictadas.

De las 498 resoluciones adoptadas en 2024, 234 han sido estimatorias, 154 han tenido como contenido la declaración de la desaparición del objeto de la reclamación y en 13 aceptamos el desistimiento del reclamante. En la gran mayoría de estos casos, el resultado final es o, al menos, debería ser, que el ciudadano haya obtenido la información pública que ha solicitado. En cuanto al resto de resoluciones que hemos dictado, 43 fueron de inadmisión, 30 tuvieron un sentido desestimatorio, y en 24 declaramos el archivo de la reclamación por otras causas.

Sin embargo, frente al incumplimiento no podemos hacer uso de otro recurso que no sea la publicación de la falta de cumplimiento en nuestra página electrónica y hacerlo constar también en esta Memoria. En concreto, a fecha de hoy se han cumplido el 69 por ciento de las resoluciones estimatorias adoptadas en 2024. De otro lado, en 2024 se han interpuesto dos recursos judiciales frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia, sin perjuicio de lo cual continúa siendo destacable el bajo nivel de litigiosidad que hasta ahora vienen generando las resoluciones de la Comisión.

En todo caso, el Comisionado contata que la falta de cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los órganos de garantía de la transparencia no es un problema que afecte solo a la Comisión de Transparencia de Castilla y León, y entre las posibles modificaciones a introducir en futuras reformas de las leyes de transparencia, estatal y autonómica, asegura que sería deseable incluir alguna que posibilite el cumplimiento forzoso de las resoluciones de estos órganos.