Compromiso con el campo con fondos específicos para hacer frente a la sequía

La Junta de Castilla y León va a estar al lado del campo, y así se lo trasladará durante el Consejo Regional Agrario que celebrará el próximo martes 20 de junio para poner encima de la mesa medidas para ayudar a paliar la crisis que sufre el sector como consecuencia de la sequía. Así lo señaló el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo. Al respecto, avanzó que en este foro de diálogo se plantearán medidas de apoyo al sector y establecerán fondos “específicos” por la sequía, ya que son “circunstancias de excepcionalidad”.

De hecho, subrayó que se ha dado luz verde a la declaración de sequía en la Comunidad, una de las peticiones realizadas por las opas durante la manifestación que hoy protagonizaron cientos de agricultores y ganaderos por las calles de Valladolid, en cuyo paquete de demandas primaba la concesión de ayudas directas a Junta y Gobierno central.

Fernández Carriedo, que ironizó con que no se había convocado antes el Consejo Agrario porque las opas “dijeron que no tenían tiempo en sus agendas esta semana” por la celebración de la movilización, aseguró que la Junta es “sensible” a las peticiones del sector primario. “Claro que tomaremos medidas”, sentenció el portavoz, quien destacó que la declaración de sequía este jueves permitirá facilitar los cambios normativos y agilizar cuestiones legales para esta situación y para el régimen de ayudas. En todo caso, deseó que estas medidas y apoyos prometidos “sean lo más consensuado posible”.

El portavoz emplazó, por lo tanto, a la reunión del Consejo Regional Agrario y en función de los acuerdos, ya después será la Consejería la que adopta las medidas. “Lo mejor es escuchar al sector para avanzar. Lo veremos en coordinación con las organizaciones agrarias y les escucharemos en qué áreas se priorizan y hacia qué profesionales agrarias”, comentó el consejero, dado que las opas reclaman que se ponga el foco en los agricultores a título principal.

Por otra parte, explicó que los servicios veterinarios de la Junta elaborarán una guía de actuación ganadera que se enmarcada en las normas nacional y europea, un documento “necesario y perentorio”, en el que trabajan ya los funcionarios de la Consejería. Otro tema es, “con tiempo”, abordar las “modificaciones pertinentes en consenso con el sector, pero siempre dentro de la ley”.

El consejero remarcó que esta guía incluirá las medidas que “se determinen por los sanitarios y permitan un mejor tratamiento hacia un sector que lo está pasando muy mal y a la vez cumpla la ley”. Se trata de una guía aprobadas y validada por profesionales sanitarios y “tengan en cuenta el interés de un sector que tiene serios riesgos en un futuro inmediato”. Fernández Carriedo pronosticó que estará lista en breve porque es una guía de procedimiento de actuación.

Las medidas que se incluyan en ella, insistió, “estarán dentro de la norma”. “Trabajamos en la guía sin norma jurídica”, comentó Carriedo, quien aclaró que también se consensuará una próxima resolución que se “analizará tras dialogar con el sector y sí que tendrá carácter normativo”. Al respecto, insistió en que “se establecerán cauces de diálogo con el sector” dentro del “margen que deja la legislación” actual. En todo caso, mostró todo su apoyo a los técnicos y veterinarios para la elaboración, tanto de la guía como de la resolución. “Confiamos en ellos”, dijo.

Igualmente, opinó que es “plenamente compatible cumplir la ley y garantizar la protección de la salud con dialogar y dar un futuro al sector”. “Hay personas que creen que la ley es incompatible con el diálogo”, se despachó, para defender la necesidad que tuvo la Consejería de aprobar la resolución en mayo, que después quedó inhábil. Más si cabe cuando, según defendió el propio consejero, Castilla y León está entre las comunidades autónomas con menor incidencia de la tuberculosis bovina: “Hay quien ha querido crear una crítica política, y no debe ser así. Tenemos profesionales del sector ganadero y veterinario que se han dedicado a este trabajo y que cumplen con su trabajo”.

Preguntado por la propuesta presentada por la delegación de Vox en el Parlamento Europeo para modificar el reglamento de la UE en relación al control de la tuberculosis bovina en las explotaciones, Fernández Carriedo recalcó que “cualquier partido político tiene potestad de presentar iniciativas”. Ahora, el Parlamento Europea “debatirá y tomará decisiones”, si bien aclaró que la Junta “escucha al sector, trabaja y lo apoya, siempre en cumplimiento de la ley nacional y autonómica”. “Cumplir la ley, como estamos haciendo, no nos quita la voluntad de escuchar al sector”, incidió.

En este punto, cuestionado por si la Junta se posiciona a favor de esta iniciativa, remarcó que los miembros del Gobierno, en este caso los de Vox, “también lo son de un partido político, y en esa condición pueden posicionarse”. “Pero nosotros opinamos como posición del Gobierno regional”, dijo.

En todo caso, sostuvo que “cualquier cambio que sea para mejorar la sanidad animal y humana siempre es positivo”. “Quien tiene que valorar esto son los profesionales del sector. Si es a mejor, lo aplaudiremos; pero mientras aplicaremos la ley en vigor; y dentro de la misma, utilizaremos los márgenes que permite”, especificó.

También el portavoz apeló a la “generación” de un debate sobre cómo consumir carne “segura y cumpliendo la ley, porque hay que gente”, dijo, que “ha abierto otro debate iniciado por aquellos que creen que la carne tiene un consumo poco recomendable, y que unas veces es la carne, el azúcar o la leche, donde hay personas muy interesadas en ir contra este tipo de productos”.

A su juicio, el debate “no puede caer en algunos que están en contra de productos muy concretos”, a los que prefirió “no dar pábulos”. “Ya sabemos el eco que tienen aquellos que están en contra, y los respetamos, pero estamos en nuestro derecho de defender que tenemos producciones de calidad y seguras y que Castilla y León es la despensa de Europa y queremos seguir siéndolo”, defendió. En este sentido, consideró que los veterinarios “no están en contra de los ganaderos” y que “quieren que se siga consumiendo carne en el futuro”.

Acuerdos

En cuanto los acuerdos, la Junta aprobó el decreto por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación, en 53 hectáreas y con una inversión inicial de doce millones de euros, del Parque Tecnológico de León, cuya capacidad está ya próxima al límite.

Fernández Carriedo subrayó que “tiene sentido” la ampliación de este espacio para atraer nuevas empresas una vez que están vendidas casi todas las parcelas actuales.

La ampliación, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, define un nuevo sector de suelo urbanizable contiguo al actual parque, con una superficie bruta de más de 53 hectáreas de uso predominante industrial para actividades productivas y empresariales. La inversión inicialmente prevista para llevar a cabo esta actuación se estima en doce millones de euros y será financiada por el Gobierno autonómico.

Además, el Consejo de Gobierno conoció la declaración de emergencia, realizada el 5 de mayo, para la contratación de cinco cuadrillas de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en la provincia de Zamora, por un importe de 922.622 euros. La urgencia vino motivada por la ola de calor que se produjo en esas fechas, hecho insólito en época tan temprana, por lo que la vegetación sufre un estado de estrés hídrico “muy relevante”, lo que hace que las probabilidades de grandes incendios se multipliquen en un año excepcional.

Las cuadrillas, que se contrataron por periodos que oscilan entre uno y cinco meses, se ubicaron en Benavente, Fonfría-Figueruela, Pías-Porto, Zamora-Campos-Pinares, Pías-Porto y Muelas Espadañedo. Su labor es preventiva y se centra en actuaciones sobre el arbolado (podas, desbroces, fajas auxiliares y semejantes), así como otras encaminadas a la prevención de incendios forestales, como limpieza de áreas recreativas. Así mismo, están disponibles para cualquier actuación inmediata de extinción de fuegos, integradas en el operativo de extinción contra incendios forestales de Castilla y León.

La Junta también acordó hconceder dos medallas más a víctimas del terrorismo de la Comunidad, sumándose así a las 21 ya anunciadas el pasado mes de febrero. La distinción se otorga con el deseo de “no olvidar su dolor, acompañarlas permanentemente y hacerles llegar el sentir común en recuerdo de su sacrificio en favor de toda la sociedad de Castilla y León”.

Otro acuerdo al que dio luz verde el Ejecutivo autonómico fue la concesión directa de una ayuda por valor de 6,47 millones de euros a las empresas de transporte de viajeros por carretera Avanza, R.J. Autocares y La Veloz, encargadas de realizar las rutas de autobús desde Ávila y Segovia a Madrid , para bonificar los abonos mensuales a los usuarios recurrentes, con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos y asentar población en el territorio de la Comunidad.

La Junta ha venido incentivando el uso del transporte público de viajeros, propiciando que llegue a todas las localidades de la Comunidad y sea accesible para el cien por cien de la población. El 19 de abril de 2018 se firmó un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid para la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia, que entró en vigor el 28 de septiembre de 2018.

Mediante acuerdo de 1 de septiembre de 2022 de la Junta, se autorizó la formalización de su prórroga durante cuatro años, y esta subvención viene a hacer efectiva la compensación a los operadores por parte del Ejecutivo de Castilla y León, según lo previsto en la cláusula quinta del convenio.

En materia sanitaria, la Junta aprobó 3,217 millones de euros para contratar 2.202 procedimientos quirúrgicos correspondientes a los hospitales de Salamanca, Soria y Clínico de Valladolid, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio asistencial.

En el caso del Complejo Asistencial de Salamanca, se trata de un gasto de 1.813.749 euros para 1.175 cirugías generales –colelitiasis, vesícula y hernia–, de oftalmología –cataratas– y de traumatología con prótesis –cadera y rodilla– en un plazo máximo de seis meses,

Para los pacientes del Área de Salud de Soria se destinan 438.720 euros a 120 procedimientos quirúrgicos de traumatología –seis artroscopias de hombro, 50 sustituciones totales de cadera con prótesis, 45 sustituciones totales de rodilla con prótesis, 15 artroscopias diagnósticas o terapéuticas y cuatro reparaciones ligamentos cruzados– en un plazo de seis meses.

La tercera comunicación de la Gerencia Regional de Salud se refiere al Hospital Clínico Universitario de Valladolid y a la aprobación de 965.104 euros para otras 907 cirugías de otorrinolaringología –tabiques nasales desviados–, cirugía general y de aparato digestivo –colelitiasis y hernia inguinal–, cirugía vascular –varices–, urología –próstata y esterilización–, ginecología –útero–, oftalmología –cataratas y lagrimal– y de traumatología –dedo de pie, mano, hombro, sustitución total de cadera y rodilla con prótesis, artroscopia de hombro– en un plazo de cuatro meses.

Estas contrataciones vienen motivadas por el objetivo institucional, recogido en los planes anuales de gestión de los centros, de reducir los tiempos de espera de los pacientes de Sacyl que requieren procedimientos quirúrgicos generales, de oftalmología y de traumatología.