El Consejo de Cuentas aconseja evaluar los efectos de los beneficios fiscales en Castilla y León

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha recomendado al Gobierno autonómico que realice "evaluaciones y análisis de eficacia y eficiencia" de los beneficios fiscales incluidos en la normativa de la Comunidad, que en 2022 alcanzaron los 713 millones de euros -dejados de pagar por los contribuyentes y como consecuencia sin ingresar por las arcas públicas-.

En su Informe de Fiscalización sobre los Beneficios Fiscales de la Comunidad 2021, recién registrado en las Cortes, este organismo desgrana siete recomendaciones dirigidas fundamentalmente a la Consejería de Economía y Hacienda, como responsable de la aprobación de los presupuestos autonómicos y de las normas que afectan a la fiscalidad en la Comunidad.

El documento plantea que la Junta debería concretar, dejando constancia en documentos como anteproyectos, normas, memorias, etc., los objetivos de política social o económica que pretende alcanzar con los beneficios fiscales que implante, los indicadores de resultados y de impacto que permitan valorar su consecución estableciendo un plazo temporal.

Del mismo modo insta a "efectuar evaluaciones y análisis de eficacia y eficiencia" de estos beneficios fiscales, a la vez de incorporar en la Cuenta General de la Comunidad información sobre la liquidación del presupuesto de beneficios fiscales, así como acompañar una memoria explicativa del grado de cumplimiento de las estimaciones incluidas en el presupuesto y en la memoria de beneficios fiscales.

Otra de las objeciones que plantea el Consejo de Cuentas sobre el proceder de la Junta es que no se ha aplicado el procedimiento establecido para que los contribuyentes puedan deducirse de la cuota íntegra del IRPF las inversiones en la vivienda habitual para instalaciones medioambinetales y de mejora de la eficiencia energética y por inversiones por discapacitados para adaptar su vivienda habitual.

Impacto de los cambios en Sucesiones y Donaciones

A través de una nota de prensa, el consejo ha explicado que la alta mortalidad registrada durante la pandemia de covid fue la "causa fundamental" de que entre 2017 y 2022 el número de contribuyentes beneficiado por alguna de las bonificaciones fiscales se incrementara un 15 por ciento, al pasar de los 162.410 beneficiados de ese primer año a los 186.461 del último ejercicio analizado.

Esa mortalidad tuvo su reflejo en los impuestos de Sucesiones y Donaciones, bonificados al 99 por ciento para la mayor parte de los supuestos, lo que tuvo su reflejo en que los 301 millones de euros en que se cuantificaron esos beneficios fiscales de 2017 pasaron a ser 713 millones en 2022.

De los 794 incentivos fiscales a los que se pudieron acoger los ciudadanos de Castilla y León entre 2021 y 2023, el 83 por ciento (657) corresponden a normativa estatal y e 17 por ciento (137) a normas autonómicas -58 de ellos son tributos cedidos, 79 tributos propios, 5 exenciones de impuestos propios y 74 de tasas autonómicas-.

Además, el informe desgrana que entre 20217 y 2023 los beneficios fiscales autonómicos y estatales suponen una media del 30% de los ingresos tributarios que tendría el presupuesto de la Comunidad sin esos incentivos, con seis puntos porcentuales correspondientes a la normativa autonómica y los restantes 24 puntos vinculados con los beneficios fiscales estatales.

Grupo de Trabajo

El Consejo de Cuentas indica que la reactivación en 2021 del Grupo de Trabajo de Beneficios Fiscales de las Comunidades Autónomas ha servido para contar con una "importante mejora en cuanto a los contenidos de la memoria de beneficios fiscales, aunque apostilla que este grupo aún no ha establecido criterios para la estimación y cuantificación de los beneficios fiscales.

Sobre la evolución de los beneficios fiscales, el Consejo plantea que pese a que los que tienen origen estatal están "infravalorados", los beneficios totales, incluidos los autonómicos, representan casi un tercio de los ingresos tributarios que se alcanzarían sin estas medidas.

En concreto, mientras los beneficios fiscales autonómicos han pasado de 283 a 600 millones, con un avance del 4 al 6 por ciento, los estatales crecieron desde los 1.878 hasta los 2.357, con un ligero retroceso porcentual del 25 al 24 por ciento de esos ingresos teóricos en caso de no aplicar estas bonificaciones