González Gago reivindica la vigencia de la Constitución como garantía de igualdad, cohesión y progreso

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha participado hoy en el acto institucional del Día de la Constitución organizado por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, donde se han otorgado varios reconocimientos a personas e instituciones por su compromiso con los valores constitucionales y con el bienestar de la sociedad de Castilla y León. Durante su intervención, González Gago ha subrayado la plena vigencia de la Carta Magna como marco de convivencia, estabilidad y desarrollo.

El consejero ha destacado la Mención Especial otorgada a la Junta de Castilla y León, que ha recibido en nombre del presidente Alfonso Fernández Mañueco, como un reconocimiento al compromiso firme y continuado con Medina de Rioseco y con Tierra de Campos. Ha recordado actuaciones como la rehabilitación del Centro de Salud, el impulso a la vivienda pública, la creación de suelo industrial o el Proyecto Territorial de Fomento Tierra de Campos, iniciativas que “materializan los principios constitucionales de equidad, cohesión y progreso para todos”.

En un contexto que exige unidad, estabilidad y respeto al orden constitucional, el consejero ha defendido que la Constitución es “la norma de las normas” y la garantía de los derechos, libertades y del Estado social y democrático de Derecho. Ha recordado que no existe un principio democrático al margen de la propia Constitución, que ningún poder público está por encima de la ley, y que las instituciones deben actuar siempre dentro del marco que fija el Estado de Derecho. En un momento de debates intensos, ha subrayado que “la fortaleza de España depende de preservar ese marco común que asegura la igualdad entre territorios, la convivencia y el progreso de toda la sociedad”.

Asimismo, González Gago ha recalcado que la Constitución solo se mantiene firme cuando se salvaguarda la independencia real de los poderes del Estado y de quienes ejercen funciones de control y garantía, pues cualquier injerencia en esos equilibrios supone quebrar el propio orden constitucional.