La Junta concede 48,9 millones de euros en ayudas al alquiler para 21.000 beneficiarios de los que casi 6.300 son jóvenes menores de 36 años

Las políticas de acceso a la vivienda han sido uno de los temas centrales que se han tratado durante la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por las Familias de Castilla y León, que se ha celebrado en Valladolid entre la Junta y varias entidades del Tercer Sector.

Concretamente, han estado presentes representantes de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades; Industria, Comercio y Empleo; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Educación, así como Unicef, EAPN, Poicyl y Proyecto Hombre.

Además de vivienda, también se han abordado ámbitos esenciales para trabajar por la inclusión de los colectivos más vulnerables, como la educación, el empleo o los servicios sociales. Fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó dicho pacto junto a 45 entidades del Tercer Sector.

En lo que respecta a la vivienda, la Junta ha concedido 48,9 millones de euros –de los que 15,5 millones los ha aportado el Gobierno central– en ayudas al alquiler. De esta cuantía, 17 millones han ido a parar a los jóvenes castellanos y leoneses. Así, de los 21.006 beneficiarios totales, 6.280 son menores de 36 años, lo que refleja la apuesta decidida del Gobierno autonómico por facilitar la emancipación de este colectivo.

Unas ayudas que, de media, cubren el 50 % de la mensualidad –unos 2.500 euros anuales–, si bien en el caso de los jóvenes el porcentaje se eleva y oscila entre el 60 % y el 75 % del alquiler si estos residen en el medio rural. Estas subvenciones corresponden al periodo subvencionable de todo 2024 y se han resuelto durante este ejercicio.

Además, durante el encuentro se ha analizado la respuesta de la Junta a las necesidades del colectivo más vulnerable, como son las personas sin hogar. El importe global destinado a este grupo crece un 13 %, pues va a pasar de los 434.000 euros a los 491.000 euros. En lo que respecta a la atención diurna o en albergues, la cantidad casi se duplica, de modo que se pasa de 184.000 euros a 347.000 euros. Por último, los recursos destinados al alojamiento de personas migrantes se incrementa un 55 %, de los 546.000 euros a los 850.000 euros.

Educación y empleo

Durante la reunión, se han analizado las medidas que se han venido intensificando durante este año en materia educativa, que va de la mano de la reducción de la pobreza infantil y del acceso a todas las familias a una educación gratuita desde el principio. En ese sentido, se ha abordado la gratuidad de 0 a 3 años, pero también el fomento de la escolarización en el periodo de 3 a 6 años que, si bien no es obligatorio, es una vía clave para paliar las desigualdades e impulsar la igualdad de oportunidades. Junto a esto, se ha analizado la lucha contra el absentismo escolar, fundamental para la transmisión de la pobreza entre generaciones. Igualmente, se han tratado medidas como la gratuidad de los libros de texto o de los comedores escolares para familias vulnerables.

En cuanto al empleo, la Junta invierte en la integración de los colectivos en riesgo de exclusión en el mercado laboral un total de 111 millones de euros, distribuidos en 20 líneas de ayuda. De este modo, se facilita a estas personas que obtengan un puesto de trabajo en una de la veintena de empresas de inserción que hay en Castilla y León para, posteriormente, lograr el objetivo último: que se integren en el mercado laboral ordinario.

Servicios Sociales

La puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León son los centros de acción social (CEAS), donde desarrollan su actividad los equipos de acción social básica –el primer nivel–, destinados a funciones de información, orientación y asesoramiento acerca de los recursos existentes. El segundo nivel está integrado por los equipos multidisciplinares específicos, que son los que pueden intervenir y acompañar a las personas que precisen de apoyo social.

No obstante, las entidades del Tercer Sector, coordinadas con los CEAS, juegan un papel clave en el marco de la Red de Protección a las familias que coordina la Junta, ya que pueden realizar todas las funciones que llevan a cabo los equipos del primer y segundo nivel. En el ámbito de la inclusión social, es decir, atención a colectivos socioeconómicamente vulnerables, su actividad se financia a través de las subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto de Sociedades destinado a fines sociales. Este ejercicio, el Gobierno autonómico incrementa su financiación hasta llegar casi a los 4,6 millones de euros.