La Junta recurrirá al Constitucional el reparto de migrantes del Gobierno

Hondo malestar en el Partido Popular a cuenta de la conferencia sectorial sobre menores migrantes presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que se celebraba este lunes en la sede del Ministerio de Política Territorial en Madrid, justo una semana después de cuando estaba prevista debido al apagón masivo de horas que sufrió toda España.

Un encuentro que para los populares ha sido «ilegal», además un paripé para llevar a cabo un reparto de los menores migrantes «arbitrario y forzoso» en las comunidades, según denunciaba la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien entraba a la reunión contrariada y salía igual, molesta porque el Gobierno use a los menores como «monedas de cambio» para que Sánchez pueda mantenerse en La Moncloa.

«Se ha votado lo mismo que ya se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, es lo mismo que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio lo que quiere es que las comunidades autónomas avalen las cesiones a sus socios independentistas», denunciaba.

Por ello, Blanco anunciaba que la Junta de Castilla y León recurrirá el Real Decreto que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados.

La consejera se quejaba de no saber cuántos menores tendrá que acoger Castilla y León, a pesar de que han remitido en tiempo y forma los datos y la información solicitada por el Gobierno. Además, Blanco criticaba que se asignen 20 menores a Cataluña, mientras se cifra en 300 los que llegarán a Castilla y León, si bien, insistía en que Castilla y León es una comunidad solidaria.

Región solidaria

«Lo hemos sido siempre, pero desde la igualdad entre todas las comunidades autónomas, desde el diálogo, desde el consenso y nunca desde la imposición», apuntaba la también vicepresidenta.

«Solidaridad, sí, pero desde la igualdad entre todas las comunidades, y porque que los menores tienen que ser atendidos en condiciones de dignidad y que tienen que ser protegidos, en este caso, por las diferentes autonomías», finalizaba Blanco a la vez que echaba en cara al Gobierno de Sánchez que se dedique «a mercadear» con los menores mientras se habla de ellos.