El ex presidente de la Diputación de León deja de ser alcalde de Cuadros por el caso Púnica

El expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez Barazóndejará mañana de ser alcalde del municipio leonés de Cuadros, cargo que desempeña desde hace treinta y dos años, en cumplimiento de la sentencia de la pieza leonesa del caso Púnica que le condenó a ocho años de inhabilitación por prevaricación.

La Audiencia Nacional impuso en mayo penas de entre cuatro y ocho años y medio de inhabilitación a seis de los ocho acusados en el juicio sobre el despliegue de la trama Púnica en León por un delito continuado de prevaricación, entre ellos a Martínez Barazón, mientras que absolvió a todos de los delitos que conllevaban pena de cárcel.

La segunda sentencia del caso Púnica, que estalló hace casi nueve años, absolvió a los ocho acusados de los delitos continuados de fraude a la administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación y cohecho de los que les inculpaba la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

El tribunal condenó a ocho años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación a Martínez Barazón, actual alcalde de Cuadros; al excoordinador general de la Diputación y alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez, a quienes aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. ´

Apenas unos días después de conocerse la sentencia, Martínez Barazón salió reelegido por mayoría absoluta alcalde del municipio de Cuadros en las elecciones del pasado mayo por la Agrupación de Independientes de Cuadros (AIC).

Finalmente, pudo tomar posesión del cargo, que ahora deberá abandonar por "imperativo legal", y denuncia que se ve obligado a tomar esta medida cuando todavía la sentencia no es firme, ya que la ha recurrido.

La Fiscalía Anticorrupción también ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que impuso penas de inhabilitación a los seis acusados por el despliegue de la trama Púnica en León.

Disconformes con la sentencia, las fiscales del caso han presentado un recurso ante el Supremo por infracción de ley al considerar, entre otros motivos, vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y por error de los magistrados que juzgaron el caso en la apreciación de la prueba.

También lo ha hecho la acusación popular ejercida por ADADE, que pide asimismo agravar las penas.

Esta rama del caso giró en torno a una serie de contratos, incluidos servicios de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, entre otros, informa Efe.

La sentencia no dio por probado que dichos trabajos se hiciesen en su beneficio.

La Fiscalía cree que la Audiencia Nacional incurrió en un "error" dado que sí considera que se ha acreditado que se pagaron con fondos públicos servicios de "índole personal" realizados por la empresa Eico a la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, asesinada en 2014, y después a su sucesor Marcos Martínez.

Por otra parte, la fiscalía cuestiona que la Audiencia Nacional dé por probado que hubo facturas que recogieron un concepto que no era real y que los trabajos facturados de publicidad no se efectuaron ni fueron objeto de contratación por parte de la Diputación de León, pero a su vez no considere que se incurrió en un delito de falsificación.

Sostienen, además, que la sentencia recoge "el concierto entre los acusados para la adjudicación de contratos convenidos a las empresas vinculadas" a los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa para explotar las pistas de esquí de San Isidro y el negocio de restauración del complejo.