Suárez-Quiñones: "El reto demográfico no puede basarse solo en una transferencia de fondos a las autonomías"

El Gobierno regional está que trina con Sánchez a cuenta de los fondos que reciben las autonomías del Estado para hacer frente al reto demográfico.

En este sentido, considera que los 23 millones aportados por el Ejecutivo socialista son insuficientes para abordar con garantías los desafíos poblacionales, y reclama mayor financiación además de una acción coordinada de las políticas sectoriales.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, critica que se haya trasladado el peso de la acción política en materia demográfica a las comunidades autónomas y a las entidades locales, que ya cuentan con políticas transversales para garantizar servicios esenciales, infraestructuras y oportunidades económicas.

"La administración autonómica y local no pueden resolver por sí solas un problema que es una cuestión de estado", advertía el consejero, tras la sectorial sobnre Reto Demográfico, por lo que exigía al Gobierno una acción “decidida, transversal y con iniciativa”, en la que asuma sus competencias.

Asimismo, aseguraba que la política de reto demográfico no puede basarse solo por parte del Gobierno en una transferencia de fondos, “ni aunque fueran en cantidad relevante”, sino en una acción transversal que implique a todos sus departamentos.

En este sentido, Suárez-Quiñones aseguraba que la Junta considera que el Gobierno debe actuar en Sanidad, ante la falta de médicos con una “ausencia” de actividad en cuanto a más pruebas MIR y homologación de títulos.

También en el ámbito de la energía, ya que “no se avanza en la transformación y mejora en la red de transporte y subestaciones a puntos de consumo, un aspecto importante” para Castilla y León, puesto que afecta a polígonos industriales en el medio rural, “claves” para el asentamiento de empresas y la generación de empleo.

Y en vivienda, donde “debe darse participación a las autonomías en la confección del nuevo Plan de Vivienda, que debe fijar líneas claras y suficientes de apuesta por la vivienda en el medio rural, en construcción para venta y alquiler, incluido el alquiler con opción de compra, la rehabilitación y alquiler”.

En infraestructuras, la Junta lamenta la “inactividad” en el Corredor Atlántico, especialmente en el ramal noroeste, y demanda la ejecución de autovías pendientes (arreglo y nuevas autovías planificadas y que “no avanzan”, el arreglo de carreteras nacionales, o avances en el ferrocarril.

Y en agricultura, indicaba que es precisa una política hidráulica que vaya de la mano de los regadíos, que no se paralicen modernizaciones de regadíos o incluso los criterios que dan lugar a DIA negativa cuando son proyectos que buscan ahorrar energía y agua, que se ejecuten los planes hidrológicos y todas las infraestructuras pendientes, que haya una apuesta por los nuevos regadíos con lo que ello supone para la fijación de población y atracción de jóvenes y la eficiencia en el uso del agua.

En financiación autonómica y local, la Junta insiste en que el modelo actual “penaliza de forma extraordinaria” a Castilla y León por su gran extensión territorial, dispersión y envejecimiento; se trata precisamente de las comunidades que necesitan un apoyo y discriminación positiva en materia presupuesta, dado el “incremento” del coste en la prestación de los servicios públicos en un territorio de esas características, “no teniendo en cuenta criterios como la justicia y equidad territorial”.

Y en financiación de la dependencia, denuncia que “no llegan al 50 por ciento y prestar los servicios, también los de dependencia, en el medio rural es mucho más caro”.

En línea con lo anterior, la falta de una política fiscal diferenciada para el medio rural, sí implantada en cambio en la competencia fiscal de la Junta de Castilla y León, también sería una medida positiva para hacer frente al reto demográfico, como ha defendido el consejero, quien también ha reclamado una política de cotizaciones sociales favorable a los autónomos y al pequeño comercio en el mundo rural.

Por último, Suárez-Quiñones advertía de que el mapa estatal de transporte de autobús planteado puede ser "lesivo" para Castilla y León por la supresión de paradas en Castilla y León, algo que ya se ha anunciado también con el AVE, con la eliminación de paradas de tren en el medio rural. “Lo mismo ocurre con el retraso en el despliegue de telefonía móvil 5G y del plan Unico de banda ancha”, agregó.

Y lamentaba la "fragmentación" del régimen jurídico y económico uniforme del mundo rural, como ocurre al dividir a los Cuerpos de Habilitación Nacional encargados de su desarrollo, con la delegación de dichos cuerpos antes al País Vasco, y ahora a Cataluña”.

También se quejaba de la falta de información sobre la estrategia de reto demográfico -tema tratado en la reunión-, de la que solo conocen las líneas generales, y para la que no han contando con las comunidades.

Y en cuanto al Plan Acción País de 30 minutos, advertía de que todavía no se han consensuado los grupos de trabajo.