El Partido Popular (PP) de Valladolid denuncia “la opacidad y la connivencia” del Gobierno de Pedro Sánchez con la ocupación ilegal en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, donde los vecinos aseguran que casi la mitad de unas 200 viviendas están ocupadas sin título alguno, muchas de ellas propiedad de la Sareb, entidad bajo control estatal.

Para los populares, “un Gobierno no puede convertir a la Sareb en una oficina de regularizar ocupaciones. Quien paga su casa y respeta la ley merece protección, no agravio. Sánchez debe explicar ya por qué se está premiando la ilegalidad en Arroyo de la Encomienda”, advirtió la diputada nacional Mercedes Cantalapiedra.

Los parlamentarios vallisoletanos han registrado iniciativas en ambas Cámaras para que el Gobierno detalle si ha permitido o impulsado la cesión y “regularización” de viviendas previamente ocupadas. También exigen que la Sareb pague de forma inmediata la deuda superior a 50.000 euros que mantiene con la comunidad de propietarios afectada y que se publiquen los criterios utilizados.

“Basta ya de cuentos: el Gobierno de Sánchez protege al ocupa y castiga al que paga. En Arroyo de la Encomienda hay miedo e inseguridad por su inacción. Desde el Senado vamos a seguir presentando las iniciativas necesarias hasta que se frene este despropósito”, sentenció el senador José Ángel Alonso.

El PP de Valladolid muestra además su total apoyo a los vecinos de Arroyovereda, que han iniciado una recogida de firmas para exigir soluciones inmediatas. Los residentes insisten en que el problema de fondo es que las viviendas afectadas pertenecen a la Sareb, que está regularizando la situación de los usurpadores de las casas mediante la concesión de alquileres sociales.

El PP reclama al Gobierno el cese inmediato de cualquier cesión de viviendas ocupadas, transparencia total, garantías de seguridad y convivencia para los vecinos y reformas legales ágiles que permitan desalojos en horas y eviten el “efecto llamada”.

Además, el Partido Popular recuerda que presentó hace más de un año en el Senado la “Ley Feijóo Antiokupación”, con la que sería posible desalojar a los ocupas en un plazo de 24 horas, una norma de sentido común que sigue paralizada en el Congreso por decisión de la presidenta socialista Francina Armengol, con 54 prórrogas al inicio del trámite de enmiendas desde su entrada en la Cámara Baja en febrero de 2024.

“Es una vergüenza que el PSOE bloquee el debate de una ley que permitiría atajar un problema real que afecta a miles de familias en España, también aquí, en nuestra provincia vallisoletana, como demuestra el caso de Arroyo de la Encomienda”, ha denunciado el senador José Ángel Alonso, quien también ha lamentado “el uso partidista que hace Hacienda y el Gobierno del Congreso de los Diputados”.

“Desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda siempre hemos estado al lado de nuestros vecinos, apoyándoles en esta situación tan injusta y exigiendo soluciones desde el primer momento. No se puede normalizar la ocupación ni premiar a quien vulnera la ley. Estas familias llevan demasiado tiempo viviendo con miedo, inseguridad y abandono institucional. Necesitan una solución urgente, y la merecen”, ha manifestado Marta Sanz, portavoz municipal del Partido Popular.

“Mientras Sánchez blanquea a los ocupas, el PP de Valladolid está con los vecinos que pagan, respetan y trabajan”, concluye el presidente de la formación, Conrado Íscar.