Puigdemont promueve la objeción fiscal contra la Monarquía

Carles Puigdemont mueve ficha desde Waterloo en plena crisis del coronavirus con un doble objetivo: acaparar foco con nuevas reprimendas hacia el Estado y la Monarquía y promover el llamado Consejo por la República, un ente de titularidad privada concebido para internacionalizar el «procés» que él mismo preside. ¿Cómo? Con un llamamiento a la objeción fiscal en la declaración de la renta –dejar de pagar una cantidad determinada de los tributos destinados a la Jefatura de Estado– para capitalizarlos y dedicarlos a otros propósitos. En este caso, a entidades «republicanas» bajo el paraguas del propio Consejo por la República para luchar contra el Covid-19.

«¡Tumba la Monarquía y el coronavirus con una misma acción!», reivindica la campaña. Un llamamiento a captar parte de los impuestos anuales que se sustenta en una única premisa: el rechazo absoluto hacia la Casa Real y al «estado opresor», según consta en la web habilitada para la ocasión. Bajo el título de «Prou Monarquia» [Basta de Monarquía], la página define a la Casa Real como «una institución caduca, corrupta, antidemocrática, heredera del régimen franquista» y que avala «la represión contra el pueblo de Cataluña». «No ha hecho otra cosa que aprovechar el drama colectivo que estamos viviendo a consecuencia del Covid-19 para intentar tapar sus escándalos mayúsculos y tratar de blanquear su dañada imagen», denuncia la nota que acompaña la acción.

La instrucción es clara y pasa por «no mantener» económicamente la Monarquía dejando de pagar una cantidad concreta en la campaña de la renta y destinar exactamente el mismo importe al denominado «Fondo Republicano de Acción Solidaria» (FRAS). En la web aparece, por ejemplo, el coste por contribuyente al año de la Casa Real (0,39 euros), el Tribunal Constitucional (1,19 euros) o el Supremo (2,91), entre otros.

«Las herramientas de lucha no violenta no son sólo la denuncia, la no cooperación y la creación de alternativas, también lo es la desobediencia civil, y una de sus formas habituales es la objeción fiscal. La monarquía se sustenta con nuestros impuestos. La fuerza de la desobediencia fiscal radica en que nos atrevemos a dejar de cooperar con la monarquía y los aparatos represivos que la sustentan, asumiendo las consecuencias para poner en evidencia su represión y violación de derechos», espolea el Consejo por la República antes de detallar las instrucciones para llevar a cabo una acción «reivindicativa y de desobediencia» sin consecuencias legales.

La treta llega a continuación, cuando se explica que en el supuesto de que la agencia tributaria detecte la objeción –«que no siempre lo hace», apunta la web–, existe la posibilidad de presentar alegaciones. Entonces y si no son aceptadas, se puede pagar una «sanción» reducida en el plazo.

Pese a que el objetivo final es destinar esta cantidad «exclusivamente a paliar los efectos de la emergencia sanitaria del Covid-19 tejiendo una red comunitaria a través de los Consejos Locales por la República», el ente presidido por Puigdemont no ofrece más detalles. Sí que recuerda que ya se han invertido 60.000 euros en luchar contra el coronavirus.