La Generalitat investiga a 50 mossos por sus actuaciones en las protestas por la sentencia del 1-O

Los sindicatos denuncian la "politización" del cuerpo que ha puesto en marcha la conselleria de Interior

Se tendría que haber celebrado en marzo, pero por culpa de la pandemia del coronavirus se pospuso. Máximos cargos de la conselleria de Interior y de los Mossos d’Esquadra han presentado la Auditoría a la Policía Autonómica durante seis meses, que básicamente ha estudiado la actuación de los antidisturbios del cuerpo en las protestas contra la sentencia del 1-O. Se ha celebrado a puerta cerrada, en el complejo central de Sabadell.

El director general de los Mossos, Pere Ferrer, ha anunciado que la conselleria está investigando a cerca de unos 50 agentes del cuerpo por su actuación durante las protestas. Ha añadido que estos policías actuaron en 34 episodios diferentes, y que la mitad son casos judicializados por denuncias que han presentado personas particulares o entidades sociales, mientras que los 17 restantes son a nivel interno. A ningún agente se le ha llevado hasta el juez.

Hace pocas semanas, el conseller de Interior, Miquel Buch explicó que el contenido de la auditoría pasaría por un «análisis de la situación en general, interna y externa», ya que «la violencia que se estaba generando en esas protestas por parte de algunos manifestantes también forma parte del análisis», ya que «no había pasado nunca» en movilizaciones relacionadas con el proceso independentista, donde había habido manifestaciones de «cariz pacífico».

Ferrer ha detallado también que, en el trabajo realizado por la auditoría, los equipos han dedicado más de mil horas para visionar todo el trabajo audiovisual relacionada con los episodios, y se han entrevistado con más de un centenar de agentes, mandos y ciudadanos.

Con todo, ha destacado la "intensidad de los disturbios, la prolongación en el tiempo, la simultaneidad en la concentraciones masivas en todo el territorio y la gran desproporción entre manifestantes violentos y agentes", que tensó la organización policial.

Poco antes, Buch ha sido el primero en intervenir, y ha destacado el “aumento de la violencia” en las protestas de octubre, ha recordado que en el mes de octubre hubo 877 movilizaciones, lo que supone una media de 67 movilizaciones al día, que multiplicó por cuatro la media de 16,6 de 2017.

También ha explicado que mientras en 2017 nueve de cada diez movilizaciones eran sin violencia, en octubre de 2019 fueron ocho de cada diez: lo que supone un aumento del 10%, dando una cifra de un 20% de las movilizaciones de octubre determinadas como violentas.

Ha mencionado que se quemaron contenedores, que se hizo pirotecnia contra un helicóptero policial, y ha destacado que todas estas acciones fueron producidas por “una minoría”, una suerte de apoyo a los manifestantes. Coincidiendo con Ferrer, Buch ha señalado que en esas protestas hubo “brotes violentos”, ante los que la policía catalana, cuya estructura de orden público llegó a un “punto crítico”, respondió con “aciertos y errores”.

“El pasado octubre Cataluña vivió protestas contra la sentencia que afectaba representantes legítimos. Mayoritariamente fueron cívicas y pacíficas”, ha insistido el conseller, que ha dicho que se comprometió a un trabajo de revisión profunda del cuerpo de Mossos. Una medida que más o menos se anunció en octubre, pero que sin embargo aún no se había materializado.

“El modelo de la policía de Cataluña lo podemos analizar y mejorar, pero no poner en riesgo”, ha declarado Buch, que ha recordado que han sido seis meses de trabajo efectivo que se terminaron en marzo.

El conseller ha declarado que ha sido "una revisión de 360 grados", puesto que se han analizado desde las tomas de decisiones hasta las actuaciones individuales, pasando por las herramientas policiales y la comunicación política.

Con todo, ha dicho que el ejercicio de esta auditoría demuestra un modelo de policía con “neutralidad, proximidad, autoevaluación y transparencia”, y ha destacado que no se puede poner en riesgo el modelo policial por ser una herramienta tan importante en clave de autogovern.

También ha intervenido el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, que ha dicho que desde el cuerpo son muy conscientes de las imágenes que se vieron esos días: “La auditoría no la hacemos para contentar a nadie, sino para aprender”. Fue un discurso seguramente con más autocrítica que los de Buch y Ferrer.

En la misma línea, ha declarado que “la inmensa mayoría de los que nos hemos hecho policías, lo hicimos porque creemos que realmente la policía tiene una vocación social, que una policía democrática garantiza los derechos y libertades de las personas”.

Sallent ha asegurado que en octubre hubo momentos muy complicados para el cuerpo, que velaban para que se conciliaran los diferentes derechos, como el de manifestación, “hasta el punto en que otros derechos se ponen en peligro”, y ha aseverado que el ánimo era hacer lo mejor al servicio de la ciudadanía. Ha defendido que en su dispositivo fueron “tolerantes y permisivos” con las movilizaciones.

La Generalitat anunció que se haría esta auditoría, la «mayor que se ha hecho nunca al cuerpo», a finales de octubre, después de algunas actuaciones por parte de la Policía Autonómica que generaron polémica. Buch adelantó que se analizará el comportamiento del orden público y las decisiones que se tomaron a nivel técnico, pero también la «violencia» que hubo por parte «de algunos manifestantes».

Desde el sindicato mayoritario dentro del cuerpo, Uspac, se ha asegurado que de esta auditoría se espera un “matiz político”, en referencia a una de las principales quejas de los Mossos sobre la Generalitat: la politización que, a su juicio, se hace de la Policía Autonómica. Un tipo de denuncia que siempre ha existido, pero que ha crecido sustancialmente desde el inicio del “procés”, en 2012.