Elecciones en Cataluña: Prueba de fuego para Podemos entre cesiones al independentismo

Podemos afronta la posible convocatoria de elecciones por parte de Quim Torra –con la líder de los «comunes», Jéssica Albiach, como candidata– en medio de una importante paradoja: pese a haber alcanzado La Moncloa de la mano del PSOE, el partido pasa por uno de los momentos más delicados en sus seis años de historia por los varapalos judiciales que arrastra. Al «caso Dina» y a la imputación por parte de un juez por posible malversación y administración desleal tras la denuncia de un antiguo abogado de la formación hay que sumarle ahora la petición del Tribunal de Cuentas para que se investiguen las finanzas del partido por posible falsedad documental, dos casos pendientes de resolver ante un otoño que se prevé agitado para la formación de Pablo Iglesias. Es más, las comparecencias de los testigos y los imputados pueden coincidir con la llamada a las urnas y la campaña.

A todo ello hay que añadirle un factor puramente político: el batacazo en las elecciones de Galicia y País Vasco con unos resultados pésimos –la fuerza que cogobierna España está fuera del Parlamento gallego y apenas cuenta con seis asientos en el vasco– convierten en determinantes los comicios catalanes. Y lo son en una plaza complicada para Podemos, un terreno siempre pantanoso por el «procés» y un debate que gira en torno al eje nacional en vez de al social.

Sin embargo y pese a la ascendencia del partido de Iglesias, un factor diferencia la composición del tablero político catalán: Podemos está integrado en una coalición electoral con el espacio de los «comunes» de Ada Colau, una plataforma municipalista de izquierdas y de origen activista que ha acabado convirtiéndose en el partido de referencia en este ámbito. La facción catalana de la formación morada carece de foco, su líder (Conchi Abellán, quien no se integrará ni en la lista del Parlament) apenas es conocida y su agenda queda eclipsada mediáticamente por la labor de la alcaldesa de Barcelona y su entorno. Es decir, los «comunes» son el espacio y Podemos forma parte de él.

Y en este galimatías, la voz y el rostro de la coalición de izquierdas de Catalunya en Comú Podem para la presidencia de la Generalitat es Jéssica Albiach, ex errejonista y coordinadora de la cúpula de Catalunya en Comú junto a Ada Colau y Candela López. Diputada en el Parlament, fue proclamada candidata tras precipitar un proceso de primarias cuando Torra rompió públicamente con Esquerra y anunció la convocatoria de elecciones al aprobar los presupuestos, una promesa incumplida por la pandemia de coronavirus y las reticencias del espacio postconvergente. Periodista, presidenta del grupo parlamentario y miembro del consejo ciudadano estatal de Podemos, arrastra una importante asignatura pendiente: Albiach es relativamente desconocida para el electorado fuera de su ámbito. Según el último barómetro oficial, solo el 37,3% de los encuestados decían saber quién es, una cifra muy lejana del 97% de Junqueras (ERC) o incluso del 83% de Miquel Iceta (PSC).

A nivel político, los «comunes» luchan por hacerse un hueco en medio del debate identitario entre cesiones al independentismo y con la vista puesta en un hipotético «tripartito» de izquierdas junto a ERC y el PSC, rechazado por sus otros dos protagonistas y que ahora parece imposible. Podemos y Colau, no obstante, cuentan solo con esta baza al tener actualmente 8 escaños y aspirar a sumar dos más partiendo del último sondeo.

Al margen de haber pactado los presupuestos catalanes con el vicepresidente económico, Pere Aragonès (ERC) –un acuerdo que Albiach presentó como la base de una hipotética alianza de iquierdas sin JxCat–, los «comunes» también han movido ficha ante la suspensión del tercer grado de los presos del 1-O y han reactivado la propuesta de reforma del Código Penal para cambiar la definición del delito de sedición y rebajar, de esta manera, las penas a los líderes del «procés», que oscilan entre los 9 y los 13 años. Una maniobra que encabeza Jaume Asens, su líder en el Congreso, que forma parte de la batería de cambios en el Código Penal anunciado por el Gobierno a principios de año y que ha sido acogida con frialdad por parte del independentismo tras las acusaciones directas al partido morado, también en el punto de mira por su papel en la mesa de diálogo. En Cataluña, además, «los comunes» han recrudecido sus críticas contra la Monarquía –y el papel del PSOE– liderados por la propia Ada Colau.