"Rave" en Barcelona
Españoles, italianos y franceses: la fiesta ilegal de Llinars se salda con 214 personas identificadas
Las sanciones pueden ir de 3.000 a 600.000 euros, aunque podría haber dificultades para ejecutarlas y cobrarlas con los asistentes de otras nacionalidades
Con la fiesta ilegal de Nochevieja desalojada en el municipio barcelonés de Llinars del Vallès, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, han comparecido esta tarde para hacer el balance. El operativo de la “rave”, que arrancó el 31 de diciembre a las 21 horas y ha concluido esta tarde, se ha saldado con dos detenidos -una holandesa de 28 años y un español de 22 años-, cinco investigados -un holandés, dos franceses y dos italianos- y 214 personas identificadas con nacionalidad de España (100), Francia (35), Italia (10), Andorra (3), Austria, Holanda o Luxemburgo. Si bien, Trapero ha reconocido que también es posible que haya asistentes que hayan podido escapar.
Ante este reguero de nacionalidades, Sàmper ha admitido que habrá más dificultades para la ejecución y cobro de las sanciones. Sin embargo, ha subrayado la legitimidad de la Generalitat para hacerlo porque el ilícito se ha producido en Cataluña. Las sanciones irían de 3.000 euros para los asistentes a los 600.000 euros para los organizadores. El trámite corresponde a la conselleria de Salud realizarlo.
La fiesta está todavía bajo investigación y se desconocen muchos detalles, aunque empiezan a aparecer algunas cosas. Por ejemplo, Trapero ha explicado que la convocatoria de la fiesta se habría hecho pocas horas antes de su celebración, lo que habría dificultado mucho su detección. El mayor ha informado que desde el 31 hay un operativo cercando la zona para evitar que salieran los asistentes o entraran más personas a la fiesta que estaba previsto que se alargara hasta el 4 de enero.
En total, se ha movilizado 200 agentes de los Mossos d’Esquadra y de la policía local de Llinars. El conseller ha explicado que, en circunstancias normales, se habría actuado de inmediato, pero ante la situación de pandemia se ha optado por actuar con prudencia para poder identificar y sancionar a todos los asistentes con el objetivo de evitar el “máximo riesgo de salud pública”. Asimismo, Sàmper ha aducido que el recinto entrañaba “alta complejidad” ya que había condiciones “muy malas de seguridad” que aconsejaban entrar con “luz del día” para evitar “caídas”.
Sàmper también ha aclarado que no se ha solicitado ningún “protocolo” a la conselleria de Salud sino un “criterio” para saber qué hacer con los asistentes más allá de la identificación. El conseller de Interior ha explicado que Salud reclamó únicamente que se identificara a las personas para poder tener su “trazabilidad” en caso de que den positivo y negó que se pudieran hacer tests de coronavirus porque la Ley solo lo permite obligar a hacer pruebas a contactos estrechos o personas con síntomas.
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