La Generalitat desafía al Estado y dispara el gasto exterior

El Govern de Pere Aragonès lanza un nuevo desafío al Estado y focaliza su atención en el plano internacional con un aumento notable de la partida presupuestaria destinada al departamento de Acción Exterior que roza los 100 millones de euros –94, en concreto– y se dispara un 27,8% respecto a 2020. Así se desprende del proyecto de presupuestos presentado por ERC y Junts y que no cuenta aún con los votos garantizados para su aprobación.

Una cifra importante que tiene por objetivo expandir una suerte de red paralela a la del Estado de autopromoción e impulso de la Generalitat y que llega con una creciente crisis social y económica por gestionar en plena pospandemia. También coincide de lleno con la causa del Tribunal de Cuentas: el ente fiscalizador cuantificó en 5,4 millones de euros el supuesto desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el «procés» en el extranjero entre 2011 y 2017 y exigió el pago como fianza a 34 ex altos cargos, entre ellos a Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Un montante que han tenido que avalar los propios partidos independentistas después del fallido sistema de avales ideado por la Generalitat.

Una coincidencia –el aumento de recursos ante el Estado– que no es baladí y que ha admitido la propia titular de la consejería de Acción Exterior, Victòria Alsina, al asegurar sin tapujos que el incremento de presupuesto para su departamento representa un «mensaje muy claro de que, ante la represión del Tribunal de Cuentas, la Generalitat consolida su acción exterior». «El 27,8% más de presupuesto para el departamento lanza un mensaje político», ha advertido la dirigente posconvergente en una comparecencia en el Parlament para explicar las líneas maestras de las cuentas.

Y se apoyó en unas cifras inequívocas: según el proyecto de presupuestos presentando por el Govern, la consejería de Acción Exterior pasa de 73,7 a 94 millones en un ejercicio y se convierte en el departamento que más crece sin tener en cuenta la inyección de fondos Next Generation que prevén otros como el de Salud o el de Empresa. De estos 94 millones, el grueso –65– irá destinado específicamente a la acción en el plano internacional, prácticamente 20 más que en 2020.

Y aquí está el segundo desafío: la Generalitat mantiene los dos millones de euros en el Diplocat –igual que en 2020– y prevé consolidar la denominada red de «embajadas» con una partida de 8,9 millones –un incremento de 3,8 millones respecto a 2020– con la que prevé abrir nuevas delegaciones, reforzar las existentes con más personal y ampliar el área geográfica de algunas de las actuales. Cabe recordar en este sentido que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2020 parte del plan estratégico de acción exterior de la Generalitat por «vulnerar las competencias estatales y no ajustarse a las estatutariamente asumidas por la Generalitat».

«Hoy queremos reivindicar la absoluta normalidad democrática y la competencia de la Generalitat en materia de Acción Exterior. Este departamento sufrió un 155 salvaje y también la obstinación de tribunales politizados, del Tribunal de Cuentas», ha lanzado Alsina a modo de réplica. Por tanto y con este órdago, el Govern consigue matar dos pájaros de un tiro ya que incrementa su gasto exterior y pone el acento en el plano internacional al tiempo que vuelve a cargar contra el Estado y lo presenta como un nuevo desafío.

El presupuesto, de hecho, ya ha levantado ampollas en el seno de la oposición precisamente por las partidas destinadas a la acción exterior. Ciudadanos considera que el proyecto de ley para 2022 infringe en varias de sus previsiones la Constitución y el Estatut de Autonomia. Y se refiere al apartado sobre relaciones exteriores, al constatar que «el Govern necesita un instrumento de acción exterior y la reivindicación de Cataluña como un actor solidario y comprometido ante los conflictos e injusticias del mundo».

El partido naranja también señala otro apartado de las cuentas sobre internacionalización de la cultura, en el que se afirma que, «teniendo presentes las aspiraciones del pueblo catalán de asumir un estado propio, hay que dar a conocer los fundamentos históricos milenarios de la existencia de una Cataluña soberana».

Según los naranjas, ninguna de estas previsiones de atiene a lo dispuesto en el Estatut ni en la Ley 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea, y creen que con ellos se «pretende dotar a la Generalitat de una posición institucional que va más allá de la actividad promocional en el exterior de los intereses autonómicos». Por ello, Cs busca el apoyo de PP y Vox para llevar las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries –una suerte de TC catalán– para pedir un informe sobre la legalidad de las cifras previstas.