La CUP asegura que el Govern se compromete a retirar el Hard Rock y los JJ.OO. de los Presupuestos

A tan solo unas horas de que la CUP dé inicio a las asambleas con su militancia para debatir sobre el proyecto de presupuestos de la Generalitat, la posición con el Govern parece más alejada que nunca. De hecho, en el documento que ha entregado la dirección a las bases para iniciar la discusión, los anticapitalistas señalan que las cuentas “no son las que haría la CUP” y que, solo después de las “presiones” ejercidas en las últimas semanas, se han empezado a tomar medidas para cumplir con algunos de los compromisos de legislatura, como la energética pública o la internalización del 061. Además, en el documento también se incluyen otras dos cuestiones de calado que no habían trascendido hasta ahora: el Govern se ha comprometido a retirar de los presupuestos las partidas destinadas al macrocomplejo de ocio Hard Rock (120 millones) y a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 (800.000 euros).

Tras el análisis que hacen los anticapitalistas del presupuesto, invita poco a pensar que puedan permitir su tramitación en la votación del próximo 22 de noviembre en el Parlament. En todo caso, lo decidirán el lunes en la consulta que se celebrará con la militancia. Y es que en el documento desgranan las cuentas y llegan a la conclusión que, de los 5.229 millones de euros de incremento que presume el Govern en estos presupuestos (se ha pasado de 32.521 millones en 2020 a 38.139 este año), tan solo 88 millones quedan disponibles para hacer políticas “nuevas” porque el resto, según aducen, están ya comprometidos porque 3.000 millones provienen de gastos finalistas (fondos europeos) mientras que otros 2.150 millones están ya destinados a gasto tendencial (900 millones de euros), a cubrir el déficit del transporte público (200) o a la subida del sueldo de los funcionarios (336).

“En el presupuesto tampoco consta ninguna partida de nuevos ingresos en base a una propuesta de fiscalidad para redistribuir la riqueza a pesar de que les hemos hecha llegar una propuesta en este sentido”, señalan también en materia fiscal los cuperos, que habían exigido subir impuestos, sobre todo, en materia de Patrimonio.

En todo caso, según apuntan, hay cuatro cuestiones que destacan en la negociación: vivienda (piden llegar a los 1.000 millones en lugar de los 750 millones presupuestados); sanidad (el 061, que está ya en proceso, y la atención primaria, que se queda en el 17% del presupuesto de Salud cuando piden llegar al 25%); energética pública (donde sí reconocen un esfuerzo por ponerla en marcha con 500.000 euros); y, la reindustrialización (contraponiéndolo a los macroproyectos, como la ampliación de El Prat, los Juegos Olímpicos o la Fórmula 1).

En todo caso, el ruido de sables es ensordecedor y los dos principales partidos de la CUP se muestran contrarios a la aprobación de los presupuesto. Los más anticapitalistas, Endavant, dicen que “los avances son escasos” por lo que se debe “dar por acabado” el pacto de legislatura. Poble Lliure, los más independentistas, valoran que la propuesta del Govern no “representa ningún avance sustancial ni a nivel social ni a nivel nacional”.

Mientras tanto, el Gobierno de la Generalitat se ha conjurado. El martes el conseller de Economía, Jaume Giró, presentó los presupuestos, los primeros de Cataluña en años movilizando, nada más y nada menos, que 3500 millones de euros. Desde entonces todas las intervenciones del ejecutivo han ido destinadas a la CUP, socio -en principio- necesario para aprobar las grandes cuentas. El martes fueron los dos partidos, ERC y Junts, los que no dudaron del apoyo de la izquierda independentista a las grandes cuentas. Ayer, el mismísimo presidente de la Generalitat dijo que son los presupuestos que recogen “los grandes compromisos del acuerdo de legislatura”. Es decir, el acuerdo con la CUP que le aupó a la presidencia de la Generalitat.

En todo este proceso, Aragonés siempre se ha mostrado confiado en que tirarán adelante con el apoyo de las fuerzas independentistas. Y, en el Govern, han querido presumir de cumplimientos con la CUP: según subrayan, en poco más de cinco meses, se han puesto en marcha la ejecución del 80% del acuerdo de investidura y, un 50% del total, depende de la aprobación de los presupuestos. El Govern se ha volcado en atar a la CUP porque son conscientes de que un desacuerdo sacudiría la legislatura y les dejaría en manos de Comunes y PSC, formaciones que jugarán en el tablero político catalán también con la condición de conseguir estabilidad en el Gobierno.