El independentismo radical llega hasta la ONU para denunciar la “persecución” del catalán

La denominada ONG del catalán, la Plataforma per la Llengua, ha denunciado en el Foro regional de Europa y Asia Central para las minorías que “el Estado español pretende acabar con la inmersión lingüística en las escuelas a través de los tribunales, saltándose las vías parlamentarias y en contra del consenso social .

En su intervención en este foro anual de la ONU, el jefe del área de derechos lingüísticos de la ONG del catalán, Òscar-Adrià Ibáñez, también ha alertado de las “mentiras y del discurso del odio que se promueve para atacar a los defensores de la escuela en catalán”, y ha pedido al relator especial de la ONU para las minorías, Fernand de Varennes, que intervenga para defender a los catalanohablantes.

En concreto, la entidad pide al relator que España “reconozca como minorías a los hablantes de las lenguas autóctonas distintas de la castellana, que combata el discurso del odio contra estas minorías y que respete el derecho de los hablantes de las lenguas autóctonas de estudiarlas, estudiar en sus propias lenguas y decidir qué modelo escolar quieren sin la interferencia de los estados”.

En su intervención, Ibáñez ha explicado que la inmersión lingüística permite que “los estudiantes puedan terminar la secundaria dominando perfectamente tanto el catalán como el castellano, independientemente de su lengua materna, y que se trata de un modelo que cuenta con el apoyo del 82% de los catalanes, un porcentaje que todavía es superior en el caso de los jóvenes, subiendo hasta el 88%”.

La entidad ha denunciado que los ataques contra la inmersión lingüística se han intensificado desde el año 2005 y que el intento de algunos partidos políticos por modificar el sistema educativo a través de la justicia ha culminado ahora con la ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia que impone un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano en los centros educativos.

Por su parte, tras incumplir con el plazo para aplicar la sentencia del 25% de castellano (23 de marzo), ahora el Govern trata de ganar tiempo. El pasado jueves tenía que haber presentado las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero no consta que lo haya hecho y en el departamento de Educación, consultados por este diario, rehúyen la cuestión (evitan confirmar este hecho). Es decir, el ejecutivo catalán ha optado por lanzar el balón hacia adelante y esperar que el TSJC le apremie a presentar las alegaciones.

Y es que, de haber cumplido con el plazo de hace dos semanas, el TSJC hubiera tenido luego 10 días para responder y decidir si acepta las demandas de las organizaciones constitucionalistas para aplicar la sentencia del 25% de castellano. Es decir, muy probablemente, durante la primera quincena de mayo estaría el asunto dirimido y el Govern se hubiera visto obligado a cambiar los proyectos lingüísticos de todas las escuelas públicas (igual en menos de un mes, tal y como pedía la Asamblea por una Escuela Bilingüe) para dar un mínimo del 25% de las horas lectivas en español.

Sin embargo, al Govern le conviene ganar tiempo para intentar presentar las alegaciones con la reforma de la Ley de Política Lingüística aprobada en el Parlament: y eso se prevé que se produzca el próximo 8 de mayo en el pleno. Esa reforma legal es uno de los tres argumentos que adujo el Govern el pasado 23 de marzo cuando se dirigió al TSJC. El cambio en la norma pasa por dar más espacio al castellano en la educación pública, aunque esquivando el 25% y está redactado con cierta ambigüedad, lo que permite múltiples interpretaciones (el PSC interpreta que se debe dar más español, mientras ERC asegura que se debe dar todavía más catalán).

En concreto, el nuevo redactado deja margen para el uso del castellano o el catalán en función del territorio. «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», recoge el nuevo texto.

En todo caso, también es cierto que la aprobación de esta reforma legal está en el aire y tampoco es una garantía a la que agarrarse para la Consellería de Educación. Y es que, hasta ahora, ha habido hasta dos cambios de fecha para debatir y votar en el pleno este cambio: primero se fijó para finales de este mes y ahora ha pasado para el 8 de mayo.