Dimite el cargo de la Generalitat que tenía que aplicar el 25 % de clases en castellano

Maite Aymerich, el cargo de la conselleria de Educación que tenía que aplicar la polémica cuota del 25 % de las clases en castellano, ha dimitido de su puesto. Así lo ha anunciado vía Twitter, y ha añadido que se dedicará a la política local de su municipio de Sant Vicenç dels Horts, del que fue alcaldesa engtre 2015 y 2019.

La Comisión de Educación del Parlament ha rechazado este lunes una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a “dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes”.

La propuesta, presentada por Vox, también pedía respetar “el principio constitucional por el cual el castellano debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales opcionales”, y ha recibido el voto favorable de Cs, y el contrario del resto de fuerzas --el PP no ha participado en la comisión--.

El diputado de Vox Manuel Acosta ha afirmado que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray quiere “desobedecer” las últimas decisiones judiciales sobre el tema --incluida la del Tribunal Supremo (TS), que ratificó la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano--.

Acosta ha dicho que la actitud del conseller “denota que la imposición del catalán y el ostracismo del castellano es tan flagrante que tiene que intervenir el poder judicial” y ha acusado al Govern de usar la lengua como palanca ideológica --en sus palabras--.

Se ha sumado a la propuesta Nacho Martín Blanco, de Cs, que ha afirmado que el castellano “debe tener un lugar simbólico importante en la escuela y las instituciones” y ha pedido un modelo de conjunción lingüística con una presencia equilibrada de catalán y castellano.

En cambio, Esther Niubó, del PSC, se ha opuesto a la propuesta, defendiendo la condición de lengua vehicular del catalán pero también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, y desde ERC Najat Driouech ha acusado a Vox de buscar “la división y segregación social”.

Francesc Ten, de Junts, ha argumentado que la sentencia “hace pasar 80 familias por encima de un millón y medio de estudiantes”, Carles Riera de la CUP ha sostenido que la inmersión real todavía no existe y David Cid de los comuns ha afirmado que la propuesta de Vox es del pasado y ha defendido que la Lomloe blinda la inmersión.