El TSJC procesa a la consellera de Cultura por un delito de desobediencia el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha cerrado la investigación contra la actual consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, y la procesa por un presunto delito de desobediencia vinculado a los preparativos de la consulta del 1 de octubre de 2017, cuando era directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda.

En un auto del 26 de mayo, la magistrada Maria Eugènia Alegret ha declarado concluso el sumario contra Garriga, investigada por supuestamente intervenir en el acondicionamiento de una nave anexa a las instalaciones del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para utilizarlo como un espacio para el 1-O.

En su declaración como investigada ante el TSJC el 14 de marzo, la consellera alegó que la nave se utilizó en otras ocasiones, como en las elecciones de diciembre de 2017 del Parlament y para los rastreadores de Covid-19 durante la pandemia, y recordó que en ningún momento fue requerida por el Tribunal Constitucional (TC).

Garriga, que es aforada, está en el mismo procedimiento que se sigue en el TSJC contra el diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía Josep Maria Jové y el también diputado republicano y exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, por presuntamente participar en la organización del 1-O.

En el caso de los dos políticos, se les investiga por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos, y los tres fueron detenidos en el operativo de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017.

Al principio, Garriga estaba investigada también por un presunto delito de malversación en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que dirigió una causa contra 29 excargos del Govern por los preparativos del referéndum, pero al asumir el cargo de consellera la causa pasó al TSJC al tener condición de aforada, y ahora ha sido procesada por presunta desobediencia.

En marzo, Garriga alegó ante Alegret que no fue apercibida en persona por el Tribunal Constitucional de que no podía realizar acciones vetadas en sus resoluciones en relación a la consulta soberanista. La Fiscalía entiende que existen indicios de que la alto cargo del Ejecutivo catalán incurrió en un delito de desobediencia grave por “desatender” los mandatos del alto tribunal cuando era directora de servicios de la secretaria general del Departamento de Vicepresidència, aunque en su auto de procesamiento, dictado antes de que fuera aforada por el Juzgado de Instrucción número 13, figura también el delito de malversación. La Abogacia del Estado también ha expresado la misma opinión

La ‘consellera’ se presentó en la sede del TSJC arrobado por diputados de Junts, ERC i la CUP, además de la presidenta del Parlament, Laura Borrás, y varios miembros del Gobierno catalán. Garriga, a la que se le ha notificado su procesamiento, solo respondió a las preguntas de su abogada, Laura Palmés.