El independentismo viaja en el tiempo: las inversiones vuelven a enterrar el “procés”

El independentismo viaja en el tiempo y vuelve a priorizar reclamaciones sobre las infraestructuras o las ejecuciones presupuestarias pendientes –es decir, sobre la caja del dinero– al debate estrictamente político vinculado al «procés». Pese a las algaradas públicas y a la reunión que el Govern ha conseguido con la Moncloa tras las elecciones andaluzas, temas como el traspaso de Cercanías, el Cuarto Cinturón –que ya se reclamaban incluso antes de la deriva independentista, en 2010– el déficit presupuestario o los mismos Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 copan el día a día y enfrentan a ERC y Junts, con visiones contrapuestas también en materia económica.

«Según su opinión, ¿el gobierno de la Generalitat prioritariamente tiene que tratar de resolver el problema político entre Cataluña y España o tiene que gestionar los servicios públicos que son competencia suya?», interrogaba uno de los últimos sondeos de la Generalitat, ya bajo el mando de Pere Aragonès (ERC). La respuesta no dejaba lugar a interpretaciones un año después de los comicios del 14 de febrero: el 59,5% de los catalanes pedía priorizar la gestión de los servicios públicos y el 37,5%, que la resolución del «procés». Entre los votantes de Esquerra, el porcentaje de partidarios de priorizar la gestión era todavía mayor que la media (63,3%).

De hecho, el Govern de Pere Aragonès se ha cogido como un clavo ardiendo al déficit del Gobierno en Cataluña en 2021 –solo ejecutó un 36%- para centrar todas sus reclamaciones en materia presupuestaria. Al margen de la fallida ampliación del aeropuerto de El Prat, la primera exigencia de la Generalitat es el traspaso de Cercanías, una de las eternas reivindicaciones desde Cataluña. Ayer mismo y a cuenta de la bajada del precio del transporte público anunciada por Pedro Sánchez para septiembre, el vicepresidente Jordi Puigneró no dudó en tildar la medida de «populista» y el exigir de nuevo el traspaso de la red ferroviaria.

La segunda reclamación es el pago íntegro de la disposición adicional tercera del Estatut, la cuantía que el Gobierno ha dejado de invertir en infraestructuras y que contempla el marco estatutario.

En este sentido, la Generalitat ha hecho sus propios cálculos y ha cifrado el déficit de inversiones del Estado en Cataluña entre 2009 y 2021 en 12.383 millones de euros. Del total de esta cifra, unos 3.000 millones corresponden al déficit entre 2009 y 2013 que engloba la mencionada disposición adicional tercera del Estatut. El resto corresponde a la diferencia entre lo que «se debería haber invertido» entre 2014 y 2021, que ha cifrado en unos 15.000 millones, mientras que las inversiones ya realizadas fueron de cerca de 6.000 millones. Por tanto, el Ejecutivo catalán calcula que el diferencial es de 9.000, que los suma a los 3.000 entre 2009 y 2013.

Y aquí entra en juego la presión de Junts a Esquerra por la gestión económica del Govern: los posconvergentes tienen las llaves de la caja –controlan carteras como Economía (Jaume Giró) o Territorio (Jordi Puigneró- y presionan a nivel político a los republicanos para que no negocien los Presupuestos Generales del Estado con Sánchez hasta que «hasta que se haya liquidado toda la inversión en infraestructuras» que no se ha llevado a cabo. Una maniobra para poner a ERC entre la espada y la pared con una moción que se votará en el Parlament en las próximas semanas.

A estas reclamaciones se han añadido dos debates recientes: la reforma del Cuarto Cinturón que Junts quiere y ERC rechaza, y el fracaso del proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno. Especialmente peliagudo para el independentismo es el primero, con una fuerte división entre republicanos y poscovergentes en torno a la ronda que debería unir las dos comarcas del Vallès con Barcelona. El Gobierno ya anunció su voluntad de acelerar el traspaso, una postura pactada con Junts y a la que Esquerra se opone.

Sobre la candidatura olímpica para los Juegos de Invierno en el Pirineo, la Generalitat insiste en preparar una propuesta en solitario pese al rechazo del Comité Olímpico Español (COE) a 2030 y Junts usa la polémica para atacar directamente al Gobierno. «Pedro Sánchez ha hecho fracasar la candidatura», criticó ayer la titular de la cartera de Exteriores de la Generalitat, Victòria Alsina, en una entrevista en la ACN.