El TSJC cede y facilita más tiempo a Laura Borràs para preparar su defensa

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado la petición de la ex presidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, para ampliar el plazo que tiene para presentar su escrito de defensa en la causa por presuntamente fraccionar contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una providencia, el tribunal acepta ampliar el plazo, como pidió Borràs, alegando que quiere proponer para el juicio una prueba pericial informática, para lo que antes necesita acceder a material informático que consta en la causa.

Por eso, la defensa de Borràs, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, pidió al tribunal que le entregara la documentación y le diera más tiempo después para preparar su escrito.

Ahora, el instructor de la causa ha acordado entregarle la documentación “en el caso de ser cierto que no se le hubiere dado traslado” y empezar a computar desde entonces el plazo para entregar el escrito de defensa.

En principio, el plazo ya estaba contando desde el 26 de julio, cuando el juez dictó la apertura de juicio de la causa, pero con esta decisión se prorroga la entrega del escrito.

Borràs también pidió al juez que reclamara a los Mossos d’Esquadra documentación que a día de hoy no forma parte del sumario, pero el juez lo ha descartado porque en este momento del procedimiento ya no puede añadir documentos a la causa.

En esta causa, la Fiscalía ha reclamado para Borràs una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, además de multarla con 144.000 euros por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

Borràs irá a juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental junto con su amigo Isaías H. --que supuestamente se favoreció de los contratos-- y Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC.

Para Isaías H., la Fiscalía también reclama seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 72.000 euros, y para Andreu P. la Fiscalía ha pedido una pena de tres años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 30.000 euros.