Nos encontramos en uno de los peores momentos en lo relativo a la exclusión social. A día de hoy, según el 9º Informe FOESSE, en Cataluña, 1.351.000 personas se encuentran en esta situación, lo que representa el 17% de la población y supone un aumento en 73 mil personas respecto a las cifras de 2018. Es más, un tercio de los habitantes de Cataluña se encuentra en situación de precariedad y, tal y como indició Caye Gómez, del Observatorio de Cáritas Cataluña durante la presentación del informe, "estas personas están en la cuerda floja y en cualquier momento pueden caer".

Y el principal motor de esta exclusión social y gran factor de desigualdad es la vivienda. Unos 568.000 hogares, en los que habitan cerca de 2 millones de personas, se encuentran en situación de precariedad o inseguridad residencial. Concretamente, 1.250.000 (15,7%) personas sufren exclusión social por no disponer de una vivienda que reúne las condiciones para vivir, mientras que medio millón de personas (6,4%) padecen inseguridad en relación a la vivienda y 12294 están en situación de sinhogarismo.

En definitiva, una de cada cinco personas sufre exclusión residencial. Y es que los elevados precios condenan a un 13,3% de la población a vivir en la pobreza severa y, en este misma línea, una de cada cinco personas se ve obligada a reducir los gastos en suministros.

En este contexto, históricamente el empleo se ha considerado como una pilar clave para evitar o salir de las situaciones de pobreza y exclusión social, sin embargo, como pone de manifiesto el informe, ahora no solo ha perdido esa capacidad protectora, sino que se ha convertido en el segundo motor de exclusión. A día de hoy, disponer de una trabajo no es garantía de nada, tal y como demuestra que el 55,4% de las personas en exclusión viven en hogares donde la sustentadora principal trabaja, y ello es, en gran parte, por la precariedad laboral, que ya afecta a un 38% de la población: las situaciones de discontinuidad, que viven el 17% de la población activa, la inestabilidad contractual, que experimenta el 14%, y los salarios bajos, con un 37,7% de los trabajadores con un sueldo por debajo del mínimo interprofesional, abocan a 1,4 millones de personas a la precariedad laboral.

Carencia de una red de apoyo

Pero es que además, al margen de estos dos motores principales de la desigualdad y exclusión social, "existen otro factores multiplicadores, que amplían y aceleran la exclusión", tal y como señala Gómez, y se trata de la educación, la salud, la transmisión intergeneracional de la pobreza y la ausencia de vínculos. Sobre la salud, los datos del informe ponen de manifiesto que la exclusión es un factor de deterioro de la misma. De hecho, la población con enfermedades graves que no recibe atención médica ha pasado de representar el 3% en 2018 a ser el 5% en 2024, mientras que en relación con la salud mental, las personas en exclusión severa duplican los diagnósticos de depresión y ansiedad.

Niños y adolescentes, los más golpeados

Acerca del origen social, las cifras confirman que la exclusión social y la pobreza se heredan: la mitad de los niños cuyos abuelos eran pobres en la etapa de crianza de sus hijos, son pobres actualmente. Y es que entre quien crece en pobreza, se triplica el riesgo de privación material, se duplica la tasa de abandono escolar prematuro y se multiplica por 2,4 la probabilidad de tener una ocupación poco cualificada.

Otro de los factores multiplicadores es el relativo a la ausencia de vínculos. Mientras en años anteriores, las familias podían salir a flote gracias al apoyo de familiares y amigos, a día de hoy "esa red de seguridad, ese escudo comunitario, se está debilitando, especialmente entre quienes pasan mayores dificultades", constató Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA. En esta línea, cabe señalar que en la exclusión severa, el aislamiento se ha cuadruplicado, para pasar del 4% en 2018 al 16% en 2024.

Esta exclusión social impacta especialmente en dos colectivos: las mujeres y las personas inmigrantes, entre las que la exclusión afecta ya al 43%. Pero además, el informe alerta que ésta también afecta de forma significativa a los niños y jóvenes, que por primera vez viven y vivirán peor que sus progenitores. De hecho, la tasa de exclusión social de los niños y adolescentes ha pasado del 18% en 2018 al 33% en 2024. "Es la tasa más elevada de todos los grupos de edad", señaba Gómez.

Y es que como ponía de manifiesto Flores, "entre estos colectivos, hay formación sin recompensa, ya que si bien el 44% tiene estudios universitarios, se enfrentan a un mercado labora precario, mientras que en cuanto a la vivienda,ésta es inaccesible, razón por la cual la edad media en la que los jóvenes se marchan de casa se sitúa en los 30,3 años".

Contrariamente al pensamiento comúnmente extendido, entre estas personas excluidas no existe pasividad o conformismo, sino que en 3 de cada 4 hogares en situación de exclusión severa, se activan estrategias de inclusión, como estudiar, formarse y acceder a un empleo; es más, en los últimos tres años, desde 2021 a 2024, la activación ha pasado del 68% al 77%, lo que, según Flores, pone de manifiesto que "no fallan las personas, sino el sistema".

Es por ello que ante esta fragmentación social inédita, Cáritas Cataluña reclama la aplicación de medidas integrales, que aborden la vivienda, la ocupación, la protección social y la fiscalidad desde una misma lógica", entre las cuales debe figurar una prestación universal para la crianza con el fin de proteger a la familia y la infancia y un Pacto de Estado para la vivienda.

En esta línea, Salvador Busquets, presidente de Cáritas Barcelona, exigía "el fomento de la políticas predistributivas para prevenir las desigualdades de origen, creando presupuestos que contemplen inversiones pensadas para las personas con especiales dificultades; un aumento del parque público de alquiler social y políticas especificas para proteger a los colectivos con mayores tasas de exclusión, como la simplificación de la burocracia en la tramitación telemática de la Renta Garantizada de Ciudadanía o facilitar la tramitación presencial del Ingreso Mínimo Vital y una mayor dotación de recursos para ampliar la cobertura de estas ayudas a nuevos colectivos que ahora se quedan fuera, así como la aprobación de la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo, que ya está en el Parlament".