Cataluña

Álex Ramos, nuevo presidente de Societat Civil Catalana

Hasta ahora vicepresidente, releva a Elda Mata tras una etapa marcada por la ofensiva judicial contra la ley de amnistía

La presidenta de SCC; Elda Mata, y el vicepresidente, Àlex Ramos
La presidenta de SCC; Elda Mata, y el vicepresidente, Àlex RamosEuropa Press

Societat Civil Catalana (SCC) ya tiene nuevo presidente. Álex Ramos, médico barcelonés con una dilatada trayectoria en el ámbito sanitario y en la militancia constitucionalista, ha sido designado el viernes por la tarde noche como nuevo máximo responsable de la entidad. Su elección fue aprobada por el consejo directivo tras la renuncia de Elda Mata, quien ha ocupado el cargo desde 2022 y que comunicó a principios de mayo su intención de dar por concluida su etapa al frente.

Ramos no es un desconocido para la entidad: fue uno de sus activos durante los años más agitados del «procés», participando en la organización de grandes movilizaciones cívicas como las del otoño de 2017. Médico especialista en salud pública y exdirector del Centro de Estudios del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), ha sido una de las voces más activas en la denuncia del avance del nacionalismo en las instituciones catalanas.

Durante los últimos años, su perfil ha sido especialmente visible por sus críticas al independentismo y por el relato de las consecuencias que ha sufrido en el ámbito profesional debido a su activismo político. Según ha denunciado públicamente, fue despedido de manera fulminante por el COMB en 2020, tras más de tres décadas de servicio, en lo que considera una represalia ideológica. Actualmente mantiene una denuncia por acoso laboral y discriminación por motivos ideológicos contra los directivos del colegio profesional.

Ofensiva judicial contra la amnistía y TV3

Con su nombramiento, SCC refuerza su perfil combativo en un momento clave para el constitucionalismo en Cataluña. La organización ha redoblado en los últimos meses su estrategia jurídica para frenar lo que consideran una «deriva antidemocrática» del Gobierno central, especialmente tras la aprobación de la ley de amnistía para los implicados en el procés. Bajo el liderazgo de Elda Mata, la entidad presentó varios recursos contra esta norma, que, dicen, choca con varios principios del derecho comunitario. SCC ha argumentado que la amnistía vulnera principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva. Asimismo, la entidad ha activado vías para llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de que se valore si la medida contraviene el marco jurídico comunitario.

Otro de los frentes judiciales que SCC mantiene abiertos es el relacionado con los medios públicos catalanes. La organización ha interpuesto demandas contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que engloba a TV3 y a Catalunya Ràdio. Entre las irregularidades señaladas en la denuncia se encuentran retribuciones ilegales que superan los límites establecidos por la normativa, contrataciones opacas realizadas sin la debida publicidad, pagos efectuados sin cobertura contractual o legal, la ausencia de auditorías obligatorias y un uso indebido de las jornadas laborales reducidas.

En este contexto, Álex Ramos asume la presidencia con el reto de continuar y reforzar esta línea de acción, consolidando a SCC como un actor clave tanto en el ámbito judicial como en el debate público. En una etapa en la que el independentismo parece estar más débil que nunca, desde SCC creen que es precisamente ahora cuando más hay que fiscalizar al movimiento, pues, como mencionaba Mata en una entrevista a este medio «es paradójico, pero el independentismo está consiguiendo más cosas ahora que cuando gobernaba», en referencia a la cantidad de cesiones que el PSC y el PSOE tienen que hacerles a Junts y ERC para seguir gobernando, pues ambos son gobiernos en minoría. De este modo, en SCC consideran que todavía existe una mala gestión de los recursos públicos, un sectarismo ideológico que margina al constitucionalista y una vulneración sistemática de los derechos lingüísticos.