Un juez investiga la gestión de TV3 por presunta malversación y prevaricación tras una denuncia de Societat Civil Catalana

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha abierto una investigación judicial por posibles delitos en la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ente que dirige TV3, Catalunya Ràdio y la Fundació La Marató. La causa se inicia tras una denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC), que se basa en los hechos recogidos en el informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

La jueza instructora ha dictado un auto de incoación al considerar que los hechos denunciados “pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. La resolución ordena la apertura de diligencias preliminares y reclama a varias entidades documentación clave para esclarecer los hechos.

Presuntas irregularidades económicas y administrativas

Según la denuncia presentada por SCC el pasado 29 de abril, el Consejo de Gobierno de la CCMA y varios cargos directivos podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros. La denuncia fue redactada por el despacho Chapapría-Navarro & Asociados, responsable de los servicios jurídicos de la entidad.

Entre las irregularidades recogidas en el informe de la Sindicatura, se señalan retribuciones superiores al límite legal, contrataciones opacas sin publicidad, pagos sin cobertura legal, ausencia de auditorías obligatorias y uso indebido de las reducciones de jornada laboral. SCC sostiene que estos hechos podrían formar parte de un patrón sistemático de mala gestión con repercusiones económicas y penales.

Requerimientos de documentación a la Sindicatura y a la CCMA

En su auto, la jueza ha requerido a la Sindicatura de Cuentas que entregue el informe completo utilizado en la denuncia, incluyendo anexos, papeles de trabajo y documentación interna. Asimismo, ha solicitado a la CCMA y sus entidades vinculadas una gran cantidad de documentación relacionada con los procesos de selección y nombramiento de directivos, contratos de alta dirección, retribuciones, incentivos, trienios y expedientes de contratación de pólizas.

SCC ha solicitado también que se investigue si conductas similares se produjeron en ejercicios anteriores o posteriores a los fiscalizados —2021 y 2022—, al considerar que podría tratarse de una práctica sostenida en el tiempo.

La investigación se encuentra ahora en fase inicial, a la espera de que las partes requeridas entreguen la documentación solicitada. Desde la CCMA no se ha producido, por el momento, ninguna reacción pública.