Colau da un plazo de 15 días a Airbnb para retirar los anuncios de habitaciones turísticas ilegales

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado este viernes un requerimiento a la plataforma Airbnb para que desactive 4.102 anuncios de habitaciones turísticas en el plazo de 15 días porque “no tienen ningún tipo de licencia y, por tanto, se trata de actividad turística ilegal”.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que la aprobación definitiva del nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) regula las habitaciones turísticas y ha pedido a Airbnb que “los desactive todos”, y plantea una sanción para la plataforma de 60.000 euros si no lo hace.

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha dicho que esta actividad “se tiene que terminar de forma definitiva”, y ha sostenido que no se desarrollaría si plataformas como esta no las promocionaran y no las publicaran en su web, en sus palabras.

Sanz ha matizado que “nunca” han interpretado a Airbnb como un prestador de servicio de agencia de alojamiento, sino que lo hacen desde la perspectiva de que es una plataforma digital que debe cumplir con la legalidad.

En un contexto de “masificación turística y de mucha presión” en los barrios, ha abogado por garantizar tanto que los alojamientos de los turistas sean legales, también para su seguridad, como la convivencia y el descanso de los vecinos.

“Queremos viviendas para la gente que vive en Barcelona y esta es la prioridad”, ha afirmado la titular de Urbanismo, que ha insistido en que el resto de actividades se tienen que regular por la vía de la licencia, y que si no la tienen, son actividades ilegales.

El Ayuntamiento recuerda que el nuevo Peuat restringe el alquiler de habitaciones turísticas, y las reserva a las que se abran en viviendas de uso turístico que se reconviertan en residencia habitual, una situación que asegura que a día de hoy no se ha producido, por lo que no se ha concedido ningún permiso y cualquier anuncio es ilegal.

Asimismo, ha iniciado un proceso para informar a todos los titulares de los anuncios detectados del contexto legal actual: les mandará una advertencia de cese de la actividad sin sanción para avisarles de que incumplen la normativa, y en unas semanas, “si se comprueba que los anuncios siguen activos”, empezará a sancionar.

Por su parte, Airbnb ha destacado su compromiso para cooperar con las autoridades y “eliminar de la plataforma a quienes no respetan la normativa”.

En un comunicado este sábado, Airbnb ha explicado que en todos los casos recuerda a los anfitriones “que comprueben y cumplan con la normativa local antes de publicar anuncios”, y que les ofrece una herramienta para que puedan mostrar su número de registro, lo que facilita la labor de inspección e identificación por parte de las autoridades.

Ha asegurado que la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) “no tiene casi impacto en el negocio global de Airbnb, pero perjudicará” a aquellos que ofrecen ‘home sharing’ porque, según la plataforma, esta modalidad supone para la mitad de los anfitriones en la ciudad unos ingresos adicionales que les ayudan a mantener su propia casa.

En ese sentido, ha recalcado que para “más de la mitad de los anfitriones en Barcelona esos ingresos son claves, especialmente en momentos donde aumenta el coste de la vida”, y que confía en poder trabajar con el Ayuntamiento para encontrar una solución.

La plataforma ha expresado su voluntad de ser “un buen socio de las comunidades” y recuerda que de forma regular y voluntaria diseña medidas que ayudan a los anfitriones a seguir las reglas, como un nuevo plan integral que, entre otros puntos, prohíbe las fiestas, fomenta el uso de detectores de ruido e incluye un protocolo de verificación postal obligatorio.

El año pasado, la batalla en el seno del gobierno municipal, entre PSC y comunes, se decantó finalmente del lado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. De poco sirvieron tampoco los ruegos de la oposición. Los hogares compartidos, aquellos en los que el propietario de un inmueble aloja esporádicamente y durante menos de 30 días a visitantes, empezaron a estar definitivamente prohibidos. El Ayuntamiento, pese al revés de la Justicia, se reafirma en el veto a esta actividad en la modificación del Plan de alojamientos turísticos (Peuat), de tal manera que se modificó para mantener las restricciones. El tema había generado sonoras discrepancias entre los dos socios de gobierno, que entierran el hacha de guerra y se emplazan a seguir negociando en un futuro.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), y Janet Sanz (BComú) comparecieron juntos para anunciar un acuerdo en la que han admitido las diferencias que ambos socios tenían sobre el alquiler de habitaciones turísticas. La actividad sólo empezó a estar permitida para períodos superiores a un mes, es decir, estacional, y también si se reconvierte a una vivienda de uso turístico en un hogar compartido (con el anfitrión y el inquilino compartiendo piso). El texto que se votó en el plenario incorpora que la prohibición del alquiler de habitaciones inferior a un mes se revisará en caso de que se llegue a un acuerdo para una regulación. Janet Sanz dijo que la ordenanza debe resolver el principal problema para permitir esta actividad: la inspección y el control. Collboni ha apuntado que muchas familias practican esta actividad sin amparo legal y que la voluntad del gobierno (con la futura ordenanza) es “enviar un mensaje de tranquilidad”.