Cataluña necesitará 80 plazas y 2.600 profesionales más para atender a las personas mayores en 2035

El sector de la atención a las personas mayores atraviesa momentos complicados, pero lo que resulta realmente preocupante es que las previsiones a corto plazo no dibujan un futuro mucho mejor.

En la actualidad, Cataluña gestiona 411.492 solicitudes de ayudas al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), es decir el 18,1% del total estatal, con una tasa de resolución del 89,93% y cuenta con 242.430 residentes, que se enmarcan en los 1.610.266 a nivel español. A día de hoy, desde la solicitud de la dependencia hasta la resolución de la prestación trascurren una media de 275 días, mientras que la lista de espera para poder beneficiarse del Programa Individual de Atención Individual en Cataluña es la más alta del estado, con 38.002 personas, y para acceder a una plaza residencial, de 18.787 personas . Estas prestaciones se concretan, en la mayoría de los casos, en ayudas económicas (72,2%) y solo el 27,8% se concretan en servicios.

En cuanto al índice de cobertura de la oferta residencial, en Cataluña, donde hay 63.213 plazas residenciales y 20.177 plazas diurnas, éste es de 13,19 plazas por cada 100 personas mayores de 80 años, una proporción muy por debajo de la media europea, que es de 16,3 plazas. Respecto a la atención domiciliaria, la oferta del SAD atiende a 67.316 personas, lo que se traduce en un índice de cobertura de 4,3% para mayores de 65 años en 2023, un porcentaje que, de nuevo, no alcanza la media europea (10,1%)

Pero es que además, la intensidad del servicio se concreta en 13 horas al mes, de manera que Cataluña cuenta con una tasa de cobertura y una intensidad bajas en comparación con otras comunidades autónomas

Esta situación se explicaría, en gran medida, por el déficit de financiación. En 2023, el SAAD contó con un presupuesto de 11.522 millones de euros, de los cuales el 71,4% fue financiado por las Comunidades Autónomas y un 28,5% por el Estado. En concreto, la Generalitat de Cataluña, con una contribución estatal de 406 millones de euros, se hizo se hizo cargo del 77%.

En este contexto, hay que tener en cuenta que el coste medio de la residencia privada es de 2.300 euros, por los 2.230,54 euros de la concertada, mientras que el precio de la plaza pública es de 4.500 euros y, en este sentido, es importante recordar que el 73,8% de las plazas residenciales tienen financiación pública.. Por su parte, según cifras de 2023, los servicios de atención domiciliaria cuestan 22 euros la hora y la teleasistencia, 126 euros anuales por usuario.

Un futuro complicado

Es en esta complicado situación que el sector afronta el reto de dar respuesta a las necesidades de una población en pleno proceso de envejecimiento. La previsión es que con la llegada de la generación del baby boom a la tercera edad, el crecimiento anual de la personas mayores sea del 2,48% en los próximos años, de manera que, de cara al 2035, se prevé que en Cataluña haya 644.642 personas mayores de 80 años, lo que representa el 7,11% del total, mientras que para 2050 se espera que ese porcentaje alcance el 10,05% (997.657 personas).

Así pues, según los cálculos del sector, se necesitarán 80.000 plazas y 26.000 profesionales más para dar respuesta a la demanda en 2035, algo que a priori parece complicado que se pueda alcanzar, entre otras cosas porque, en la actualidad, España es el cuarto país europeo por la cola en el porcentaje de financiación sobre el PIB de los servicios de atención a la dependencia, que se sitúa en el 0,90%, cuando la media europea es de 1,79%.

Pero el de la financiación, que debería ser de al menos el 2% del PIB, no es el único problema a resolver, sino que existe también la necesidad de intervenir de forma urgente en el aspecto estructural.

En este contexto, tal y como señaló la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, durante una acto para comentar los resultado del Estudio Socioeconómico de la Atención para Personas en situación de Dependencia en España 2025, una de las principales dificultades a las que se enfrenta el sector es la relativa al personal.

"Hay una falta de profesionales para atender a la dependencia y eso hace que no podemos seleccionar", comentaba para a continuación destacar que "hay 65 mil personas institucionalizadas y éstas son las más dependientes del sistema", porque hay que recordar que para poder acceder a una plaza en una residencia hay que tener el nivel 2 o 3 de dependencia, con el nivel 1 no es posible, de manera que es necesario disponer de una número suficiente de profesionales y que éstos estén bien formados y cualificados para poder ofrecer la atención que estas personas necesitan.

"Queremos enfermeras y auxiliares formados. Ahora mismo cumplimos con las ratios, pero no podemos seleccionar", lamenta Pascual.

De hecho, desde el ACRA han recurrido al proceso de contratación en origen para buscar profesionales de la enfermería en Latinoamérica, sobre todo en Colombia y Perú, que quieran trabajar en Cataluña, pero esta medida tampoco está dando los resultados esperados, ya que muchos de estos profesionales acaban dando el salto al sector de la salud, donde el convenio es mucho mejor y, por lo tanto, disfrutan de mejores salarios y horarios. De tal magnitud es ese trasvase al sector salud que, tal y como explicó Pascual, "a esas personas contratadas en origen, les hacemos firmar un contrato de permanencia de un año".

Y a esa infrafinanciación del sistema y al déficit de profesionales se suma además una tercera carencia y es la relacionada con una deficiente cobertura. "En Cataluña, en la atención domiciliaria la cobertura es de 3,5 horas a la semana, mientras que en otras comunidades, como Andalucía, la media es de entre 12 y 15 horas semanales.

Ante esta realidad, la presidenta de ACRA cree que para corregir la situación sería necesaria "una integración real en salud, que ahora mismo no funciona". "Lleva muchos años sin darnos servicio y ahora les cuesta", denunció Pascual, quien recordó que "si bien el 98% de las residencias han firmado el contrato con la Atención Primaria para que el CAP se haga responsable de la parte médica, eso no se cumple en la mayoría de los casos". "No se ha de medicalizar las residencias, pero lo conveniente es que esa responsabilidad pase al CAP y que ésta asuma esta labor".

En esta línea, recordó que "en las residencias solo hay personas con un grado 2 o 3, de manera que son las más dependientes del sistema, por eso tiene sentido que dependemos de salud". Además, indicó la presidenta que "si entrásemos en salud, se solucionaría el tema de la competencia por la contratación de profesionales de la enfermería, porque nuestros trabajadores tendrían el mismo convenio que los de salud".

Otro de los ámbitos en los que Pascual cree que se debería incidir es el de la atención domiciliaria, ya que considera que "habría que apostar por ésta ante el envejecimiento de la generación del baby boom, pero para ello es necesario aumentar la intensidad del servicio".

En cualquier caso, para la presidenta de ACRA, el sistema ha día de hoy es tan ineficiente que "habría que crear uno nuevo".