Escándalo a la vista: Borràs tendrá el 80% del sueldo aun inhabilitada

La posible condena a Laura Borràs por fraccionar contratos públicos y otorgarlos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) –la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación– no implicará que se quede automáticamente sin ingresos. La dirigente cobrará el 80% de su sueldo –unos 120.000 euros anuales– durante cuatro años e incluso podría optar a una jubilación del 60% cuando cumpla 65. Dos beneficios incluidos en la ley y que ya han generado cierta polémica entre los partidos, con los Comunes exigiendo una reforma exprés que excluya a los condenados por corrupción.

Las previsiones judiciales apuntan a principios de abril para conocer el alcance de la sentencia del TSJC. El juicio del «caso Borràs» terminó hace justo una semana y se espera que el fallo se haga público en un plazo aproximado de un mes. De hecho, la sala presidida por Jesús María Barrientos es una de las que trabaja con mayor rapidez, por lo que la sentencia podría llegar antes de Semana Santa y en plena precampaña de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Si es condenatoria –hay que recordar la incriminación de sus ex colaboradores en el juicio, que la señalaron por prevaricación y falsedad documental–, la Junta Electoral Central procedería automáticamente a retirarle el acta de diputada y quedaría cesada del cargo. Incluso así, Borràs seguirá ingresando gran parte de su salario como indemnización durante cuatro años, lo que implica recibir anualmente unos 120.000 euros (el 80%).

De hecho, la presidencia del Parlament es el cargo mejor pagado en Cataluña con un sueldo bruto anual de 155.570 euros, los que percibía Borràs antes de ser suspendida en verano. Es más, su sueldo anual supera al del presidente de la Generalitat tras la rebaja que el republicano llevó a cabo cuando ERC asumió el mando del Govern y prácticamente dobla los ingresos de Pedro Sánchez (86.542).

Pese a que ahora cobra de Junts y no de la Cámara al haber sido suspendida cuando se abrió el juicio oral por corrupción, Borràs sí tendrá derecho a la mencionada indemnización si la Justicia la condena por prevaricación y falsedad documental y es cesada definitivamente como presidenta del Parlament.

Otra de las fechas clave para entender el embrollo es este domingo 12 de marzo, día en que se cumplen dos años del aterrizaje de la líder de Junts al puesto de mando de la Cámara. Superado el ecuador de la legislatura, la dirigente posconvergente podría incluso optar a ingresar una pensión vitalicia del 60% del sueldo cumplidos los 65 años, lo que representaría unos 90.000 euros al año. Una suerte de jubilación dorada que despierta aún más suspicacias y dependerá de la interpretación jurídica que se haga de la normativa: para ingresar el sueldo vitalicio, la ley establece que es necesario haber estado como mínimo dos años en el cargo, algo que Borràs superará este fin de semana. Sin embargo, la posconvergente lleva suspendida desde finales de julio y queda por saber si estos meses se añaden o no al cómputo global para cobrar la jubilación dorada. Llegado el caso y sin ningún precedente parecido, la Mesa puede solicitar un informe a los letrados del Parlament.

Sea como fuere, lo cierto es que el «caso Borràs» va camino de estallar en el seno de la Cámara y de convertirse en un nuevo escándalo tras meses de polémicas continuadas. Cabe recordar que el mandato de Borràs al frente de la segunda institución de Cataluña ha coleccionado controversias por las prejubilaciones doradas a funcionarios que cobraban sin trabajar o la inhabilitación del diputado de la CUP, Pau Juvillà, que mantuvo en suspense pese a haberle quitado ya el acta.

En paralelo, justo hoy se reemprende el pleno del Parlament que terminará con la aprobación de los Presupuestos del Govern, el PSC y los Comunes. Se espera que Borràs, quien anunció que volvía a la política activa tras el efímero parón por el juicio, lo siga desde la tribuna de invitados.